viernes, 18 de enero de 2013

"Amenaza” de duopolio en la sanidad madrileña


El País  , Madrid

UPyD solicita a la Comisión Nacional de Competencia que dictamine si la externalización de hospitales a Capio y Ribera Salud puede afectar a la calidad del servicio

El “peligro” de que la privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud de la región derive en un duopolio en el que Capio y Ribera Salud se repartan el mercado y repercuta en la calidad y el coste total del servicio ha llevado a UPyD a solicitar un informe sobre competencia en el sector sanitario en la Comisión Nacional de la Competencia, que tiene 45 días de plazo para pronunciarse.
En la actualidad, Capio gestiona la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Infanta Elena, el Rey Juan Carlos y el de Collado Villalba (se ha retrasado su apertura, aunque los costes de seguridad y mantenimiento suponen 900.000 euros al mes). Teniendo en cuenta los datos de las tarjetas sanitarias a 31 de octubre de 2012, la conclusión es que la compañía gestiona el 100% de la asistencia sanitaria de 685.297 personas. A su vez, Capio gestiona un área de 173.673 tarjetas sanitarias. El hospital de Torrejón de Ardoz está participado a su vez de forma mayoritaria por Sanitas. Ribera Salud gestionaba este centro, hasta que vendió su participación en el mismo en noviembre de 2012.
“Queremos saber hasta qué punto existe una amenaza de duopolio. Además, las concesionarias saben que si tienen problemas, el gobierno de turno irá al rescate como ocurrió en la Comunidad Valenciana con el modelo Alzira, en el que se inspiran los actuales”, ha denunciado el portavoz de la formación, Luis de Velasco. UPyD considera que en general, se adoptaron sin estudios previos rigurosos y concediendo los contratos de concesión en algunos casos a empresas “creadas a través de entidades financieras en las que el poder político que controlaba los procesos de contratación tenía influencia directa”.
“Que no quepa la menor duda de que en el proceso de externalización que se está llevando a cabo se seguirán todos los procedimientos legales, con concurrencia publica de todas las empresas que estén interesadas y que se presenten el mayor número de ellas”, ha dicho al respecto el portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria.

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