miércoles, 30 de enero de 2013

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios : nota informativa aclaratoria.


ACLARACIÓN EN RELACIÓN CON LA RETIRADA DE 1 LOTE DEL MEDICAMENTO JUNIFEN 4% SUSPENSIÓN ORAL, 1 FRASCO DE 150 ml

Fecha de publicación: 28 de enero de 2013
Categoría: MEDICAMENTOS USO HUMANO, DEFECTOS DE CALIDAD.
Referencia: ICM (CONT), 1/2013
El 24 de enero de 2013 la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ordenó la retirada del mercado de todas las unidades del lote G07 del medicamento JUNIFEN 4% suspensión oral, 1 frasco de 150 ml.

En relación con la retirada del lote G07 del medicamento JUNIFEN 4% suspensión oral, 1 frasco de 150 ml 1 y debido a las numerosas consultas recibidas, la AEMPS informa de lo siguiente:
  • Esta retirada se enmarca dentro de los resultados de la campaña de control anual de mercado en la que, con la colaboración de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, se recogen muestras de distintos medicamentos que posteriormente se analizan en los laboratorios oficiales de control de la AEMPS. En el caso de este medicamento se recogieron 2 lotes resultando uno de ellos como no conforme a la especificación “recuento de hongos y levaduras totales” y en concreto al recuento de una levadura.
  • La contaminación del medicamento por una levadura en un recuento superior al requerido por la Farmacopea, en principio, no tiene repercusión clínica para el paciente, puesto que se trata de un microorganismo, que por una parte, es flora habitual del ambiente y por otro lado, se administra por vía oral, por lo que tras su ingestión quedaría destruido por el pH y/o enzimas intestinales. El hallazgo de este tipo de microorganismos, dado el recuento obtenido, se debería interpretar, sin embargo, como sugestivo de una fabricación inadecuada.
  • Si usted está utilizando o ha utilizado este medicamento, compruebe el número de lote:
    • Si el lote es diferente al G07 esta nota no le afecta.
    • Si el lote es el G07 y debe seguir utilizando el medicamento, puede acudir a su farmacia y proceder a su devolución y/o cambio por otro lote no afectado.
En cualquier caso, el haber consumido el medicamento JUNIFEN 4% suspensión oral, 1 frasco de 150 ml, del lote G07 no representa un riesgo para la salud.

Referencias

1. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios [Web]. 25 de enero de 2013. Alerta farmacéutica nº R_04/2013- Junifen 4% suspensión oral, 1 frasco de 150 ml. Disponible en: http://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosUsoHumano/2013/calidad_04-13-junifen.htm (enlace revisado el 28/01/2013)

martes, 29 de enero de 2013

ciudadanos y profesionales-Comunidad de Madrid : 1-0 . SUSPENDIDO EL EURO POR RECETA

COPAGO FARMACÉUTICO

El TC inclina el pulso del euro por receta al imponer su suspensión en Madrid

El tribunal admite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra el copago

La decisión obliga a no cobrar por las prescripciones médicas durante cinco meses

El alto tribunal ya decidió el 15 de enero suspender la medida en Cataluña

29 ENE 2013 - 14:05 CET

http://politica.elpais.com/politica/2013/01/29/actualidad/1359449291_524009.html

El Tribunal Constitucional ha decidido suspender la aplicación del euro por receta en Madrid mientras delibera si es una medida anticonstitucional, tras admitir el recurso presentado por el Gobierno. Al igual que hizo con Cataluña, el tribunal ha optado por atender la petición del Gobierno y dejar la medida inhabilitada. El pleno del Constitucional también ha admitido el recurso promovido por más de 50 senadores del grupo parlamentario socialista, que se manifestó en contra de la medida del presidente madrileño, Ignacio González.
Incluso antes de conocer la decisión del Constitucional, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado que su Gobierno acataría "inmediatamente” la suspensión del cobro del euro por receta pero ha añadido que tendrá que revisar su efecto en el capítulo de ingresos de las cuentas autonómicas “para aplicar los ajustes necesarios”. González abre así la puerta a posibles nuevos recortes en la prestación de servicios públicos en Madrid, una comunidad que ha iniciado un amplio plan de privatización de la gestión sanitaria que ha levantado en armas a todos los colectivos profesionales del sector, informa Bruno G. Gallo.
Tras conocer la decisión del alto tribunal, se ha producido una cascada de reacciones. La oposición, aplaudiendo la medida del Constitucional. El PP madrileño, defendiendo el copago.
En su reunión plenaria y a propuesta de la sección segunda, el Tribunal Constitucional ha admitido el recurso presentado por el Gobierno contra el cobro de un euro por receta que la Comunidad de Madrid tiene en marcha desde el pasado 1 de enero.
Tal como era de prever, el Constitucional ha suspendido la aplicación de la medida, como ya hizo el pasado 15 de enero, cuando decidió admitir el recurso que el Gobierno había presentado contra el euro por receta aprobado en Cataluña el pasado junio y mientras decide sobre el fondo del asunto. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha planteado sendos recursos de inconstitucionalidad contra el copago de medicamentos en Cataluña, donde ha estado en vigor siete meses, y en Madrid, donde está a punto de cumplir el primer mes. La admisión a trámite supone la suspensión automática durante cinco meses del pago.
El Ejecutivo entiende que la medida "vulnera el principio de igualdad" de los ciudadanos y "grava un acto médico". Cuando el Gobierno recurrió la misma decisión en Cataluña, alegó además que el cobro del euro por receta vulneraba la ley estatal que fija el precio de los medicamentos al establecer un sobreprecio. La fijación del precio de los medicamentos que son objeto de financiación pública es una competencia exclusiva del Estado, según el artículo 149.1.16ª de la Constitución. Este argumento se sostenía en la tesis del Consejo de Estado de que las comunidades autónomas no pueden incidir en la fijación de los precios de productos sanitarios. "Se considera que vulnera la normativa prevista en el Estado para garantizar la coordinación de la sanidad y la igualdad de los españoles. Esa tasa grava por dos veces la adquisición de medicamentos", justificó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, al anunciar el recurso el pasado 15 de enero.
Con los dos recursos, el Ejecutivo asumió el coste de dos pulsos. Uno entre Mariano Rajoy y Artur Mas, en una partida ya casi exclusivamente copada por el debate soberanista. Pero también otro entre la Comunidad de Madrid —la joya de la corona del PP, el Gobierno autónomo de un barón popular con más presupuesto y mayor población— directamente con La Moncloa.
Hasta ahora, el Gobierno que preside Ignacio González no se ha dado por aludido y ha anunciado reiteradamente su intención de cobrar el euro por receta hasta que el alto tribunal se pronuncie sobre su caso. El presidente madrileño, donde ya se han expedido más de 1,6 millones de recetas, siempre ha defendido que esta medida es de su competencia y que “no es discriminatoria”.
El Ejecutivo presentó el recurso un día después de recibir el dictamen del Consejo de Estado, que le da vía libre. Este órgano asegura en su dictamen, emitido el 17 de enero, que el euro por receta madrileño es inconstitucional, igual que el catalán, porque la Comunidad de Madrid se atribuye competencias que no le corresponden.
El euro por receta entró en vigor en Madrid el 1 de enero entre quejas de los farmacéuticos, que rechazan ser "recaudadores" de una tasa con la que no están de acuerdo, y de los usuarios. La Comunidad de Madrid lo impuso pese a conocer las intenciones del Ejecutivo central de recurrir la tasa catalana y sin tener listo el sistema informático que permite al farmacéutico saber cuándo el ciudadano ha llegado a su tope de aportación, que en Madrid es de 72 euros al año (en Cataluña, 61 euros).
También la Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid (CECU) ha celebrado la decisión del Tribunal Constitucional porque este cobro es "contrario a la ley" y "perjudica a los sectores más débiles de la sociedad", según ha manifestado.

cuando el rio suena.............

Martes, 29 de enero 2013

La Vanguardia.com

Madrid

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20130128/54363202668/el-hospital-de-getafe-desmiente-rotundamente-el-cierre-de-la-unidad-de-grandes-quemados.html

GETAFE, 28 (EUROPA PRESS)

El Hospital de Getafe ha desmentido este lunes "rotundamente" el cierre de la Unidad de Grandes Quemados después de que la Junta de Personal denunciara su próxima desaparición porque en la memoria del hospital de 2013 no aparece explícitamente.

Fuentes del hospital han asegurado que no se están dejando de ingresar pacientes en esta unidad tras afirmar los sindicatos este lunes en rueda de prensa que "cada vez aparecen menos quemados".

"A día de hoy hay dos pacientes en Grandes Quemados y en 2012 tuvimos 110 ingresos, en 2011 un total de 104 y en diciembre hemos tenido aproximadamente el mismo número que el año anterior", según han precisado las mismas fuentes.

En un comunicado que han hecho público los siete sindicatos que forman la Junta de Personal (CGT, SATSE, CSIT, USAE, AMYTS, UGT y CCOO) habían asegurado que "se está allanando el terreno para que el hospital sea atractivo y rentable para una futura venta a empresas privadas por lo que necesitan reducir el número de camas y profesionales junto con la desaparición de las especialidades costosas como es la unidad de Grandes Quemados, que tiene un coste es de unos 7.000 euros por cama y día lo que no interesaría a las empresas".

Leer más: http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20130128/54363202668/el-hospital-de-getafe-desmiente-rotundamente-el-cierre-de-la-unidad-de-grandes-quemados.html#ixzz2JOYXRlvL

Más de lo mismo: no te dejes engañar!

La estafa de la sanidad privada

La falta de datos económicos y científicos enturbian el debate sobre la gestión sanitaria

 
 
 
Gracias al esfuerzo, la competencia y el compromiso de miles de profesionales sanitarios, nuestro sistema sanitario público ofrece unos excelentes resultados en gasto y en salud de la población cuando lo comparamos con el resto de modelos sanitarios y de países. Somos un país “top ten” en indicadores sanitarios como la expectativa de vida al nacer o la mortalidad infantil con un gasto sanitario total del 9,5% del PIB en 2009 (un 6,2% es gasto público).
 Países con potente sanidad privada como EE UU tienen peores indicadores sanitarios que España a pesar de que su gasto total es del 17,6%. La OMS sitúa a España como el 7º mejor sistema sanitario del mundo (el 3º entre los países más poblados) mientras Alemania está en el 25º y EE UU en el 37º. Sin embargo, no hay motivos para el triunfalismo. Nadie niega que existan serias bolsas de ineficiencia en la sanidad pública que se deberían corregir. Pero en vez de coger el toro por los cuernos, y mejorar la gestión pública, algunos gobiernos autonómicos llevan años empecinados en privatizar la gestión sanitaria. Me refiero aquí al “Modelo del Hospital de Alzira” o las crecientes intenciones privatizadoras de la gestión de hospitales y centros de salud en Madrid. Entre otras cosas prometen un gasto 25% menor en los modelos de gestión privada. Sin embargo, la retórica, que insiste en afirmaciones del tipo “se ha comprobado que el modelo de concesión es más eficiente” y” da buenos resultados clínicos”,pese a su reiteración aun no se ha dotado de evidencia que la sustente entre otras cosas por la pertinaz opacidad en los datos clínicos de los centros de gestión privada y la consiguiente ausencia de evaluaciones independientes. Hay innumerables hechos que ponen en duda estas afirmaciones. Veamos algunos:
- La Comunidad de Madrid pretende privatizar la gestión de 6 hospitales y 27 centros de salud que atienden 1,4 millones de personas. El coste per cápita de la atención hospitalaria es de 600 € pero, según los presupuestos para 2013, ofrece pagar 441 €. Cualquier ciudadano o profesional no puede dejar de hacerse varias preguntas. ¿Cómo es posible que una empresa con ánimo de lucro, gane dinero y a la vez consiga ahorrar, mantener el personal y la calidad de la asistencia sanitaria? Hasta un niño se da cuenta que son los ciudadanos y los profesionales los que van a salir perdiendo en esta insensata operación
- En el caso del Hospital de Alzira la Generalitat Valenciana concedió en 1999 la gestión a una empresa privada a un coste capitativo pactado para 7 años que suponía un ahorro frente a otros hospitales de gestión pública. Pero a los dos años la empresa tenía un déficit de cinco millones de euros. El Gobierno valenciano anuló la concesión y les indemnizó con 25 millones de euros, para seguidamente sacarla de nuevo a concurso y adjudicarla a aquellos que habían fracasado, eso si aumentado sustancialmente el canon por habitante pasó de 225 euros a 369 (un 68%).Un informe los expertos en Administración Sanitaria de España (Sespas) señala que la “excesiva proximidad entre autoridades y concesionarios…exacerba el enorme riesgo de la captura del regulador”. En otras palabras, los gobiernos pueden dejar de cumplir su función de árbitro y convertirse en el delantero centro de los intereses privados.
Nadie niega que existan serias bolsas de ineficiencia en la sanidad pública que se deberían corregir"
 
¿Y en Europa? El Gobierno del Reino Unido esta acelerando el proceso de privatización de la gestión de la sanidad británica (el prestigioso NHS) bajo la bandera de la “eficiencia”. El resultado es que de momento la sanidad ha tenido un coste anual añadido entre 1.800 y 2.400 millones de euros mas que antes mientras que las intervenciones programadas se han reducido en un 10% anual con lo cual aumentan las listas de espera ¿Dónde este al ahorro? Con respecto a los médicos, las experiencias de gestión privada es muy evidente: a los nuevos se les paga menos y a los antiguos se les carga de trabajo con igual salario. Normalmente cuando un hospital británico pasa a gestión privada es posible que mejore aspectos superficiales pero pierde buena parte de su personal de enfermería, disminuye la calidad asistencial clínica y hay indicios de que aumente la mortalidad intrahospitalaria. Para las empresas de gestión privada todo esto no son más que “daños colaterales”.
- Según George Halvorson, presidente de la aseguradora americana Kaiser Permanente, en EE UU se emplea incorrectamente el 25% del presupuesto sanitario en prácticas clínicas que no aportan ninguna salud a las personas y que no tienen ninguna evidencia científica. Eso indica que una buena gestión puede disminuir los costes en buena medida sin mermar los resultados en salud. En ese país donde la mayoría de la sanidad es privada, los hospitales mas eficientes tienen un gasto per capita un 16% menor que los más derrochadores lo que indica la variabilidad de las prácticas de gestión sanitaria, dentro de los propios sistemas, sean estos públicos o privados. Sin embargo, globalmente la sanidad americana es de las más ineficientes del mundo si observamos los indicadores de salud, los que atañen a la gente corriente.
La cuestión clave es cómo mejorar la gestión. Dicho objetivo no se consigue meramente por el cambio en la titularidad del gestor. Esto se logrará evaluando el centro en función de los resultados de salud y no sobre criterios economicistas. Y ello se puede hacer con fórmulas de gestión pública en las que los profesionales tengan protagonismo. El camino equivocado es prejuzgar que las concesiones administrativas a empresas privadas, sin más, garantizan una gestión más eficiente. Finalmente, si no hay evidencia de que la gestión privada de la sanidad sea mas eficiente ¿porque no apostamos por mejorar la gestión pública? Hace poco ha sido contratado por la Administración de Estados Unidos el Consejero de Salud del País Vasco, Rafael Bengoa, un claro ejemplo de que también hay buenos gestores en la sanidad pública. La sanidad es un servicio, tiene costes y debe ser eficiente pero no es un negocio para que se lucren los amiguetes de los políticos.
En EE UU se emplea incorrectamente el 25% del presupuesto"
Rodrigo Córdoba García es medico de familia y profesor de la Facultad de Medicina de Zaragoza.

lunes, 28 de enero de 2013

Los sanitarios madrileños anuncian una nueva ‘marea blanca’ para el 17 de febrero.Esta vez NACIONAL


Contra la privatización de la sanidad

Los sanitarios madrileños anuncian una nueva ‘marea blanca’ para el 17 de febrero

  • Sindicatos, organizaciones y plataformas acuerdan un calendario conjunto de movilizaciones y no descartan una nueva huelga
  •   Los sanitarios madrileños anuncian una nueva ‘marea blanca’ para el 17 de febrero
    República/Efe | Madrid Publicada el 22-01-2013

    Sindicatos, organizaciones y plataformas de la sanidad de Madrid han anunciado este martes un calendario conjunto de movilizaciones, que podría incluir una convocatoria consensuada de huelga contra el plan de medidas para la sostenibilidad del sistema sanitario que la Comunidad de Madrid aplicará este año.

    Las organizaciones sindicales Satse, CCOO, Amyts, CSIT-UP, UGT, USAE y AFEM; la plataforma de trabajadores y usuarios Patusalud y representantes de los colegios profesionales han acordado un calendario que incluye, entre otras, una nueva “marea blanca” entre la plaza de Cibeles y la Puerta del Sol, que tendrá lugar el 17 de febrero.
    Además, según han explicado fuentes sindicales, las organizaciones mantienen “en el horizonte” una posible convocatoria de huelga, posibilidad que algunas de las organizaciones anticiparon por separado hace unas semanas.
    “El mérito de la Consejería (de Sanidad) ha sido unir a prácticamente todos”, han agregado estas mismas fuentes.
    El calendario común, que este martes han anunciado las organizaciones sanitarias, fue acordado en una reunión que tuvo lugar el pasado 17 de enero.
    Los trabajadores y usuarios entienden, según han explicado en un comunicado, que el “supuesto” plan de sostenibilidad de la sanidad de la Comunidad de Madrid supone en realidad el “desmontaje” del actual modelo de sanidad pública. Por ello, el objetivo de este “acuerdo de unidad de acción” es “forzar” la retirada del plan.
    “Abraza el Hospital Puerta de Hierro”
    El próximo 27 de enero, las organizaciones han convocado la protesta “Abraza el Hospital Puerta de Hierro”, uno de los centros cuya gestión va a ser privatizada.
    Tres días después, el 30 de enero, celebrarán una concentración en contra del plan privatizador del gobierno.
    El 3 de febrero participarán en una marcha hacia el Hospital de Villalba y, finalmente, el 17 de febrero habrá una nueva “marea blanca” entre la Plaza de Cibeles y la Puerta del Sol.

    Los hospitales madrileños han perdido 835 empleados



    Los hospitales madrileños han perdido 835 empleados
    24-01-2013 - Lucía de la Fuente - Fotografías: Juan Luis Jaén (Archivo)
    http://www.madridiario.es/2013/Enero/canal-salud/226997/hospitales-madrilenos-835-empleados.html02 

    A falta de datos oficiales, que aún no han sido facilitados por la Consejería de Sanidad, la Coordinadora de Hospitales y Centros Sanitarios, plataforma que aglutina las protestas de los diferentes centros sanitarios de la región, calcula que, a 31 de diciembre, los hospitales madrileños perdieron 835 trabajadores entre personal sanitario y no sanitario.
    Según el documento actualizado en la página web de la plataforma, a 31 de diciembre de 2012 , un total de 166 facultativos, 413 trabajadores sanitarios y 256 trabajadores no sanitarios habrían perdido su empleo en el hospital público donde trabajaban. A ellos se sumarán, según la denuncia la coordinadora,  otros 148 no sanitarios del hospital Puerta de Hierro-Majadahonda cuyo contrato terminará el próximo 31 de enero. Precisamente para ese día, y por la situación en este último hospital, los sindicatos CCOO, UGT, AMYTS, CGT, CSIF y CSIT han convocado una huelga que, además de evitar los despidos, pretenderá parar el traslado forzoso de 220 empleados fijos.

    La situación que estos días vive la sanidad pública de la región es de desconcierto. Juan Domingo, presidente de la junta de personal de la zona norte del SERMAS y jefe de Admisión del Carlos III, hospital que será transformado en centro monográfico para la hospitalización de pacientes de media y larga estancia, dice que estar "desesperado ante la falta de noticias". "Sabemos que la plantilla se verá afectada en gran medida, pero no sabemos cuánto; yo aún espero que la Comunidad recapacite", agrega.

    Este miércoles la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) volvió a reunirse con la viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores, sin llegar a ningún acuerdo. "Seguimos teniendo las mismas posturas encontradas. Seguimos planteando que la privatización no es la solución, pero ellos siguen pensando que es la mejor opción", dijo a Efe una portavoz de la organización de médicos. Por otro lado, sindicatos, organizaciones y plataformas anunciaron un calendario conjunto de movilizaciones "frente al atropello a la sanidad pública por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid". Los actos previstos serán:
    Día 27 de enero: Abraza el Hospital Puerta de Hierro.
    Día 30 de enero: Encuentro de todas las organizaciones en contra del plan privatizador del gobierno y posterior rueda de prensa.
    Día 3 de febrero: Marcha hacia el Hospital de Villalba.
    Día 17 de febrero: Marea Blanca con las columnas confluyendo en trayecto Cibeles-Sol.

    Los riesgos de la reforma sanitaria madrileña : conciso y claro

    El diario.es.


    El gobierno regional de Madrid ha puesto en marcha un plan para privatizar la gestión de la asistencia sanitaria en seis hospitales de la comunidad.
     El plan consiste en ceder la gestión de la atención sanitaria de los hospitales a empresas privadas concesionarias a cambio de una aportación pública anual, la llamada cápita. En definitiva, la reforma establece que la atención sanitaria se preste mediante financiación pública pero con gestión privada. Se trata de un proyecto que ha generado una muy importante movilización entre los profesionales del sector. Aquí me voy a detener en los problemas que esta reforma plantea, tanto desde un punto de vista del proceso como del tipo de modelo al que se aspira.
    El objetivo de esta entrada no es criticar la existencia de una agenda de reforma per se. De hecho, como apuntaba en este mismo blog Víctor Lapuente, es necesaria una cierta apertura de miras en la gestión de la sanidad. El actual modelo es mejorable. Son posibles y necesarias mejoras en la gestión de personal y en la de las infraestructuras. Sin embargo la reforma que ha propuesto la Comunidad de Madrid adolece de dos problemas básicos. En primer lugar, se ha planteado en un contexto de máxima opacidad, y sin participación de las partes concernidas en el debate. En segundo, el modelo que se quiere implantar conlleva unas debilidades estructurales que cuestionan su idoneidad.
    En efecto, el argumento dado por la Comunidad de Madrid para justificar la reforma ha sido la existencia de un ahorro en el gasto público derivado de la privatización de la gestión. Sin embargo, esta afirmación no ha sido apoyada por un estudio serio de los costes que soportan los hospitales actualmente, previamente a la privatización. Sin un estudio de costes, ¿cómo es posible calcular el ahorro esperado? Por un lado, la consejería argumentó que el coste de la gestión pública de la atención sanitaria en los seis hospitales era de 600 euros por habitante y año frente a 441 en los de gestión privada.
    Sin embargo, un estudio de la asociación de facultativos de Madrid (AFEM) calcula que el gasto real es de sólo €380. Así pues, el ahorro por la privatización no sería tal. En cualquier caso, una divergencia tan importante entre estas dos estimaciones sólo es posible en un contexto de ausencia grave de datos sobre el coste real de la gestión de los hospitales. Esta opacidad, asimismo, genera sospechas respecto a la posible existencia de colusión entre los políticos que están tomando las decisiones y las empresas candidatas a hacerse con las concesiones.
    Uno de los mayores riesgos existentes en un contexto de falta de transparencia y sospechas de captura del gobierno por parte de los intereses privados es que las condiciones de la externalización sean abusivas para el contribuyente.
     Los contratos de cesión de la gestión de los hospitales suelen hacerse a largo plazo, y establecen un criterio para la actualización periódica de las cantidades que el gobierno regional abona a la concesionaria para financiar la provisión del servicio.
    Sin un grado suficiente de transparencia, lo que en un primer momento puede parecer como un mecanismo de ahorro, puede convertirse al cabo de los años en un acuerdo ruinoso para las arcas públicas. Sin ir más lejos, las condiciones de la concesión del hospital de Valdemoro establecen que la aportación de dinero público se actualice durante 30 años a una tasa anual igual al IPC más un 2%, lo cual indica que las condiciones se hacen más generosas año a año en términos reales. Hagamos un ejercicio muy simple: supongamos que la aportación es de 400 euros por habitante el primer año y que la inflación es del 3% durante todo el periodo. Como muestra el gráfico, al cabo del mismo, la aportación será de €1729. Si la actualización hubiera sido únicamente igual al IPC, es decir, manteniendo el valor real de la financiación pública, la aportación final sería sólo de €971. La diferencia acumulada a lo largo de los 30 años entre una actualización al IPC+2 y otra igual al IPC asciende a un total de 8303 euros por habitante.
    Gráfico

    Gráfico
     


    Pero aunque el proceso institucional funcionase de manera transparente y sin captura, el modelo de financiación pública y gestión privada de los hospitales tiene una serie de problemas estructurales a tener muy en cuenta.
    En primer lugar existe el problema de los rescates de hospitales de gestión privada por parte de la administración. Los hospitales son un gran ejemplo de “too big to fail” (demasiado grandes para quebrar): dado que los centros hospitalarios prestan la atención en régimen de cuasi-monopolio dentro del ámbito de su población de referencia, si la empresa concesionaria de un hospital entra en quiebra, es probable que la administración se vea obligada a acudir en su rescate, dado que no se puede permitir que los ciudadanos dejen de percibir el servicio mientras se resuelve la situación. El inconveniente fundamental de estos rescates es que generan un problema de riesgo moral: si las empresas saben que, en caso de dificultades, van a ser rescatadas, no tienen incentivos para gestionar los recursos de la manera más eficiente, lo cual pone en entredicho el propio objetivo de la privatización.
    En España han existido ya un cierto número de rescates de hospitales de gestión privada. El ejemplo más conocido es el de Alzira, precisamente el primer centro en el que se aplicó este modelo de gestión. Privatizada la gestión en 1999, en 2003 la Generalitat valenciana tuvo que acudir en socorro de la concesionaria, Ribera Salud. Se rescindió el contrato existente y se sustituyó por otro con unas condiciones de concesión más generosas. Otro ejemplo, ya en Madrid, es la Fundación Jiménez Díaz. En 2002 se declaró en suspensión de pagos y la respuesta del gobierno regional fue revisar el contrato de concesión aumentando la aportación pública.
    Un segundo asunto problemático es la inspección de la calidad del servicio que proporciona la empresa concesionaria. Esto es especialmente importante dado que los intereses de la ciudadanía y los de la empresa no están del todo alineados: la entidad concesionaria tiene incentivos para reducir la calidad del servicio para así aumentar su margen de beneficio. Un ejemplo claro podría ser abstenerse de proporcionar tratamientos particularmente caros a determinados pacientes. Sin un servicio de inspección externo, esta mala práctica es muy difícil de descubrir, porque el paciente no tiene por qué saber que se le está denegando tácitamente el acceso a un tratamiento. Esta inspección es pues imprescindible. Ahora bien, el control externo introduce un coste adicional a tener en cuenta, que puede anular el supuesto ahorro que la gestión privada prometía.
    Así pues, la concesión de la gestión privada en los hospitales del sistema público conlleva unos costes que cuestionan muy seriamente la idoneidad del modelo. Estos riesgos son especialmente graves en un contexto en el que parece que la administración se encuentra en situación de captura por parte de los intereses privados.
    Todo esto no implica que deba descartarse cualquier proceso de reforma de la gestión de la sanidad pública. Existen otras posibilidades, como una mayor autonomía en la gestión de los centros y una mayor competencia por los recursos basada en resultados. Muchas de ellas ya han sido implantadas en otros países y existen evaluaciones sobre su grado de éxito. En todo caso, un proceso de reforma de calado debe ir acompañado de un esfuerzo por la transparencia en los datos y por una amplia implicación del sector.

    Actualización sobre 'Mantener el servicio del Helicóptero Sanitario del SUMMA 112 Base Lozoyuela'

    Creemos que la  fecha de "cierre" se va a posponer más allá del 31 de enero. Pero no pensamos que esten cambiando su decisión, para nuestra gerencia sigue sobrando un helicóptero en Madrid, el nuestro, el que atiende principalmente a los pueblos de la sierra norte. Como no lo justifican valdría como opinión personal, pero como es una opinión del que decide y manda se hace y punto.

    Este próximo viernes se reunen de nuevo los alcaldes de nuestra zona, con el tema de la desprotección sanitaria en que van a quedar sus municipios en su orden del día. Confiamos en ellos para que defiendan con toda la energía necesaria el mantenimiento de nuestro helicóptero que tan necesario se ha demostrado en estos años.

    alerta Junifen 4% loter G07: completando información

    "La AEMPS ha ordenado la inmovilización de los envases que se encuentran en las farmacias pero la retirada no afecta a los envases ya vendidos ya que se considera que, en principio, la incidencia no afecta a la seguridad del lote y se trata únicamente de una cuestión técnica.

    Tras consultar con el laboratorio Reckitt Benckiser, nos han aclarado que este lote se encuentra en las farmacias desde abril de 2012 y hasta el momento no se ha recibido ninguna notificación a través de farmacovigilancia.

    Por otra parte, al tratarse de un medicamento no estéril, está permitido que contenga hongos y levaduras, si bien en este caso se ha rebasado el límite permitido.

    (Para contextualizar un poco el tema de las alertas de seguridad que afectan a lotes concretos de medicamentos: el año pasado se publicaron 48)."

    Algo no nuevo pero que se podrá agravar en la situación actual

    - Déficit crónico de pediatras en los centros de salud, donde faltan 118

    Destaca 20 MINUTOS que mientras la sanidad madrileña se enfrenta este año a la mayor crisis de su historia con la anunciada privatización de seis hospitales públicos y 27 centros de salud, el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) arrastra carencias crónicas que, lejos de solucionarse, están enquistadas y van a más, como ocurre con la falta de pediatras en los centros de salud y de radiólogos o anestesistas en los hospitales de toda la región.

    La Sociedad Madrileña de Pediatría de Atención Primaria estima que, a día de hoy, faltan 118 de estos profesionales que tendrían que incorporarse de forma urgente en los ambulatorios, donde actualmente trabajan algo menos de 900 pediatras. (…)

    Además de los pediatras de Atención Primaria, los hospitales madrileños no van sobrados de radiólogos ni de anestesistas, según los datos que manejan en la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (AMYTS). Ya en su último informe cifraba en un millar el número de médicos de diferentes especialidades que tendrían que incorporarse al Servicio Madrileño de Salud. Es más, el estudio alertaba también sobre el envejecimiento de especialidades como la Neurocirugía, la Cirugía Cardiovascular y la Plástica.

    3.000 médicos en el aire

    La falta de facultativos ha sido una constante en la sanidad madrileña que ahora, con el proceso de privatización, podría empeorar. En este sentido –tal y como precisan desde AMYTS –, la situación actual es de «transición» a la espera de conocer el destino de los 3.000 médicos eventuales que podrían verse afectados por la privatización.

    De hecho, los contratos de todos ellos expiraron el pasado 31 de diciembre y, aunque la Consejería de Sanidad apuntó entonces que se había renovado «a la mayoría», desde AMYTS matizan que algunos de ellos ya han visto reducido su contrato a tan solo cuatro horas y en jornada de tarde. Es más, las renovaciones han sido por periodos de entre tres y seis meses –finalizan en marzo y junio–, coincidiendo con el arranque de la «externalización» de la gestión, como la llama la Comunidad.

    Un proceso contra el que siguen protestando los profesionales y que durante las cinco semanas de huelga obligó a suspender 40.000 consultas y 6.000 operaciones.

    Fuentes: 20 MINUTOS MADRID, 28-01-2013 (portada y pág. 2 de la edición impresa)

    domingo, 27 de enero de 2013

    lo que desgraciadamente ya está ocurriendo: Reunión de Jefes de Servicio. Colegio de Médicos 24/01/13

    Uno por uno los representantes de cada centro fueron exponiendo el impacto real del plan de sostenibilidad en los centros, poniendo de manifiesto que las medidas en ejecución ya están contribuyendo al deterioro del sistema sanitario madrileño:
    1. Despidos y reducciones de jornada de personal eventual y eliminación de la correspondiente actividad asistencial. Se recordó la importancia de que la opinión pública conozca la estructuralidad de ese fraude de ley que son los contratos eventuales: los profesionales contratados con contratos eventuales desarrollan actividades asistenciales rutinarias y básicas para el buen funcionamiento del sistema sanitario.
    2. Disminución de la cartera de servicios: cierres de unidades especializadas, de camas en áreas de hospitalización convencional y de atención a pacientes críticamente enfermos, intervenciones quirúrgicas programadas y actividades de atención continuada
    3. Derivación/sustracción de pacientes hacia hospitales privados, (habitualmente de aquellos aquejados de procesos rentables -p.ej. intervenciones no complicadas y con estudios preoperatorios realizados en el centro público-). En esto coincidieron la mayoría de representantes de centro, pero especialmente los de los centros frontera. Anunciaron la próxima presentación de un mapa de derivaciones. En relación con la realización de exploraciones complementarias diversos jefes de servicios centrales comunicaron la paradójica situación que se vive en estos servicios en los que las direcciones han optado por descontar la retribución correspondiente al aumento de jornada semanal a 37,5 horas, dedicándose sin embargo fondos públicos para el abono de la realización de estas exploraciones en centros privados. En varias ocasiones se utilizó la palabra expolio para describir este fenómeno
    .
    En la segunda fase de la reunión se repasó la cronología de los 6 encuentros con la Comunidad de Madrid desarrollados hasta el momento y de cómo en las diferentes reuniones se ha ido aproximándose al tema central, que es la privatización de centros de titularidad pública. Se informó que la Consejería de Sanidad puso sobre la mesa la posibilidad de privatizar al menos un hospital, tal y como había circulado en redes sociales. Dicha propuesta fue considerada inaceptable por los negociadores médicos dado que la gestión sanitaria privada no ha demostrado ser más eficiente que la pública ni, aunque lo hubiera demostrado, esta medida garantizaría el ahorro necesario que, según la Consejería, es lo que motiva este plan. Fue muy interesante el análisis de los negociadores sobre las tres razones que explicarían la insistencia de la Consejería en la privatización
    1. Deseo de la Comunidad de Madrid de desaparecer de la primera línea de fuego de la responsabilidad de la gestión sanitaria. Es un claro ejemplo de pseudoliberalismo. No creen que la administración deba gestionar determinados servicios, aunque estos sean sufragados con los impuestos de los ciudadanos. Entre ellos la sanidad. Este punto es sumamente preocupante.
    2. Según la Consejería, los actuales mecanismos de gestión pública impiden la creación de una central de compras operativa. Lo que no explican es por qué no legislan para mejorar estos mecanismos.
    3. Oposición al sistema laboral estatutario/funcionarial por la imposibilidad para influir sobre dicho personal (continuidad contractual entre otros)
    .
    Llegados a este punto los negociadores reconocieron la dificultad de saber si la Consejería tiene una verdadera voluntad de negociación o si está empleando una estrategia dilatoria.

    Por favor, no se deje engañar

    El País .Madrid

     

     

    Récord de pacientes que rechazan la privada

    E. G. S.
    La lista de espera quirúrgica es una de las escasas estadísticas sanitarias que periódicamente —cada trimestre— hace públicas la Comunidad de Madrid. No incluye el porcentaje de intervenciones que se realizan en el sistema público y en el privado concertado, pero permite hacerse una idea sobre cómo han ido evolucionando las preferencias de los pacientes a lo largo de los años. Las cifras muestran una creciente resistencia de los ciudadanos a ser operados en el primer hospital que les ofrece la Consejería de Sanidad cuando les llama para darles cita. De los 52.628 pacientes en lista de espera en septiembre del año pasado —últimos datos disponibles—, 23.126 se encontraban en lo que Sanidad llama “espera tras rechazo de centro alternativo”. Un centro que, en muchos casos, es privado concertado. Suponen el 44% del total de pacientes que se encuentran en la lista. Es el mayor porcentaje registrado desde que se puso en marcha el plan de reducción de listas de espera que impulsó Esperanza Aguirre.
    El sistema de lista de espera quirúrgica madrileña es enrevesado. En realidad, las listas son tres (ver gráfico). Cuando el paciente dice que prefiere que lo opere su médico, en su hospital público de referencia, Sanidad no lo incluye en la lista oficial, a la que llama “estructural”, sino que lo deja en una especie de limbo. Los enfermos que rechazan esa primera opción esperan, de media, siete veces más que los que se conforman con lo que Sanidad elige por ellos. En el primer caso, según los datos públicos, aguardan solo 9,6 días de media. En el segundo, 74,2. Más de 600 personas aguardan entre seis meses y un año.
    La lista de “espera tras rechazo alternativo”, que supone ya casi la mitad del total (44%), no ha dejado de crecer en los últimos años. Cuando Aguirre puso en marcha el Plan Integral para la Reducción de la Lista de Espera Quirúrgica, en 2004, recién llegada a la presidencia, los pacientes que quedaban excluidos porque no aceptaban la primera opción eran apenas un 6% del total. En septiembre de 2008 ya eran el 33,5%; en 2009, el 36,4%, y ahora ya rozan el 50%.
    A estas dos listas, la de los que rechazan la primera opción y la oficial, aún se suma una tercera, la denominada de pacientes “transitoriamente no programables”. Son los que están realizando las pruebas preoperatorias y aún tienen que ver al anestesista. En Madrid, a diferencia del resto de España, un paciente no entra en la lista oficial hasta pasar por este proceso, que dura unos 30 días. Es la letra pequeña del compromiso que formuló la presidenta. En realidad, menos de un tercio de los que en septiembre esperaban una intervención estaban en la lista que les garantizaba aguardar menos de cuatro semanas.

    como se manipulan los servicios : quitamos recursos al sistema público para "engordar" el privado.

    El País.Madrid.

    Bypass’ entre sanidad pública y privada

    Profesionales y enfermos denuncian que Sanidad presiona para que los pacientes acepten ser operados en clínicas. Les llaman de un call center que informa de una espera máxima, no de la real

    Madrid27 ENE 2013 - 00:41 CET


    “Me dijeron que el motivo de la llamada era darme una mejor atención, por lo que me ofrecían ser derivada a otro centro para agilizar la fecha de mi intervención, que podía posponerse hasta seis meses en mi hospital”. Raquel Rivero, de 42 años, recibió esa llamada el 2 de octubre del año pasado. Tenía que someterse a una histerectomía (extirpación del útero) por indicación de su ginecóloga del hospital Severo Ochoa de Leganés. Le ofrecían otras clínicas en las que la operarían en menos de un mes. “Mi ginecóloga ya me había advertido de que me dirían lo de los seis meses y de que no era cierto, que la espera en el Severo Ochoa es muy inferior, así que me negué”, relata. Pese a ello, le mandaron una carta a casa insistiendo en que, de no aceptar la oferta, Sanidad ya no tenía por qué intervenirla “dentro del compromiso de tiempo máximo de espera”.
    Rivero se mantuvo firme. “Quería hacerlo allí. Hace años que me tratan y confío mucho en mi ginecóloga”. El día 16 la llamaron de su hospital público. El 24 la operaban. La lista de espera quirúrgica (LEQ) real, por tanto, era inferior a un mes. Pero eso no se lo dijo quien la llamó por teléfono. Solo le habló de que podría tener que aguardar hasta seis. Médicos, administrativos del sistema público y pacientes denuncian este sistema de derivaciones a clínicas privadas. Aseguran que ofrece información engañosa con la que se “presiona” a los usuarios para que acepten operarse en privadas a las que la Administración paga por esos procedimientos.
    “Últimamente ofrecen derivar todas las operaciones de mujeres que no son pacientes oncológicas, pero nuestra lista de espera no pasa de un mes”, explica el jefe de servicio de Ginecología del hospital Severo Ochoa, Javier Martínez Salmeán. “Si no aceptan ser derivadas, las amenazan con esperas larguísimas y las presionan. Es algo que sabe todo el mundo y de lo que los profesionales nos quejamos a las gerencias. Cuando llaman, no dan información veraz. Siempre dicen que la espera es de seis meses en el hospital público, y no es así. Es falsear la realidad y eso no debe hacerse con personas que están enfermas”, añade.
    En las secretarías de los servicios quirúrgicos conocen bien estas prácticas. “Nos lo encontramos casi todos los días. Llamamos a un paciente para citarle y nos dice que ya le han dado hora de la operación en otro sitio, o incluso que ya le han operado. ‘Señorita, yo acepté porque me dijeron que en el hospital iban a tardar mucho en llamarme’, me cuentan. Cuando ven que no era cierto, que les llamamos en uno o dos meses como mucho, se dan cuenta del engaño y se indignan. Aquí nos toca comernos muchos marrones”, asegura una secretaria de servicio de un gran hospital que pide anonimato. “Esto nos obliga a volver a cuadrar los quirófanos, cuesta encajar estos cambios de última hora”, añade.
    El origen de este sistema de derivación hay que buscarlo en el peculiar modo de gestionar las listas de espera quirúrgicas que tiene Madrid. Un método que a su vez procede de la promesa electoral de una candidata a la presidencia. Esperanza Aguirre se comprometió en 2003, durante un debate televisado, a dimitir si algún madrileño esperaba más de 30 días para ser operado. Aquella audaz afirmación obligó a su entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, a diseñar un complejo sistema que reduce artificialmente el número de pacientes en espera. El Ministerio de Sanidad expulsó a Madrid del cómputo nacional en 2005 porque el truco invalidaba cualquier comparación con el resto. Madrid, en contra de un real decreto aprobado por el PP para homogeneizar las listas, incluye a los pacientes cuando ya han pasado por el preoperatorio y visto al anestesista. Es decir, empiezan a contar 30 días más tarde que en el resto de España.
    El maquillaje de cifras se ha perpetuado hasta la actualidad, pese a que en 2011 el Ministerio, ya en manos socialistas, exigió cambiarlo porque suponía una “discriminación” respecto al resto de autonomías. Un jefe de servicio de Admisión que conoce bien el proceso afirma: “La promesa de Aguirre creó un problema y a la vez se tuvo que generar la solución: lo que no puedo hacer, lo compro fuera. Lo que sucede es que el problema en realidad no existía. La demora media en la lista de espera quirúrgica que había entonces es muy similar a la que hay ahora”. Distintas fuentes consultadas por este diario, que ha hablado con una docena de profesionales para elaborar este reportaje, afirman que la derivación a clínicas privadas se ha incrementado en los últimos meses. “Derivamos todo menos lo que no se puede derivar”, resume el jefe de Admisión. “Todos los procesos que se venden hay que ofrecérselos al paciente”. Es decir, salvo cirugías complicadas, por defecto todo se intenta derivar a las clínicas privadas.
    La pregunta obligada es: ¿Hasta qué punto es libre la “libre elección del paciente” de la que presume Sanidad? El compromiso de Aguirre, aún en vigor, implica que no se puede tardar más de 30 días —en realidad, 60, por el truco del anestesista— en ser intervenido. Pero, para que sea así, el paciente está obligado a aceptar la primera opción que se le ofrezca, que suele ser una clínica privada. Si se niega porque prefiere operarse en su hospital, con el médico que conoce, ya no hay compromiso que valga. A quien rechazan la derivación se les informa de que el tiempo máximo de espera serán 180 días hábiles”, explica una portavoz de la Consejería.
    “La penalización de seis meses se usa como justificante de la misma derivación para engañar al paciente”, se queja un traumatólogo del Gregorio Marañón. Una cirujana de Móstoles añade: “Juegan con que el que escucha no sabe muy bien quién le llama. Creen que es de su propio hospital diciendo que no les pueden operar, cuando nosotros lo que queremos es operarles a todos. Crean confusión y manipulan al ofrecerles una intervención en otro sitio en menos de 30 días. ‘Si usted no acepta, en el hospital pueden tardar en operarle seis meses’. El paciente, que está enfermo y es vulnerable, interpreta que le van a operar en seis meses. Pero en mi hospital se opera a todo el mundo en menos de uno. Está hecho a propósito”, insiste.
    ¿Y quién ofrece la derivación a la privada? En muchos hospitales son los propios servicios de Admisión los que, con el paciente presente, le hablan del compromiso de los 30 días y de las alternativas, que casi siempre son clínicas concertadas. En otros casos, es un servicio de citación telefónica, un call center, el que llama al paciente en cuanto entra en la lista de espera oficial. “El call center apoya a los hospitales ofreciendo a los pacientes una alternativa distinta de la de operarse en su propio hospital cuando la intervención quirúrgica es considerada como derivable y no se puede realizar en menos de 30 días”, asegura la Consejería de Sanidad, pese a los testimonios que afirman que eso, en ocasiones, es falso.
    Un cirujano plástico del Ramón y Cajal cuenta el caso de una paciente pendiente de una reconstrucción mamaria. La llaman el 24 de diciembre y le hablan de los seis meses de espera. La alternativa es la Fundación Jiménez Díaz, centro concertado propiedad de Capio. La paciente decide esperar y le informan de que recibirá una carta para que firme conforme sabe que está renunciando al compromiso de espera máxima. Su hospital la llama el día 29 y la cita el día 3 de enero para la intervención. Cuestión de días.
    La Consejería de Sanidad privatizó en 2010, con Juan José Güemes de consejero, el sistema de citas. Sacó a concurso la gestión de un call center por 40 millones en cuatro años. Ganó Indra, que ofreció 27. Son los teleoperadores de esta empresa los que llaman a los pacientes para ofrecerles ser operados en “centros alternativos” “para reducir el tiempo de espera”. Indra declinó hablar con este diario sobre el funcionamiento del call center e incluso indicar dónde está localizado. Sanidad aseguró que se encuentra en la calle Julián Camarillo.
    La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) ha iniciado un registro de este tipo de derivaciones a clínicas privadas. Considera que “engañan” a los pacientes al no informarles de la lista de espera real que hay en sus hospitales. Los jefes de servicio de los hospitales madrileños denunciaron el viernes la “derivación sistemática de pacientes hacia hospitales privados” y la “infrautilización de recursos de la red sanitaria pública”. Sanidad responde que lo que piden es “que no se supriman las peonadas [cirugías en horario de tarde que se pagan como horas extra]”.
    Los médicos lo niegan, y aseguran no entender qué lleva a Sanidad a preferir que los ciudadanos se operen en las clínicas, a las que periódicamente compra lotes de intervenciones quirúrgicas a precios concertados. “La Consejería prima la derivación”, afirma el traumatólogo. “Penaliza económicamente si un hospital no cumple su objetivo de LEQ. No le importa cómo lo cumpla, como si no opera nada y lo deriva todo. En centros con fidelización de los pacientes recibimos presiones para derivar. ¿No debería ser un índice de calidad el que el paciente se niegue a ser derivado? ¿No debería primarse al hospital que con sus propios recursos hace su lista de espera y no la deriva? Yo no lo entiendo”, dice resignado.

    La Agencia Española del Medicamento retira el lote G07 de Junifen 4%

    La Agencia Española del Medicamento  el 24 de Enero retira el lote  G07 de Junifen 4% por estar  contaminado con  hongos y levaduras -
    Puedes ver la noticia en: http://aemps.es/informa/alertas/medicamentosUsoHumano/2013/calidad_04-13-junifen.htm

    miércoles, 23 de enero de 2013

    El TC suspenderá el euro por receta en Madrid la próxima seman


    Eldiario.es



    *El Gobierno de Rajoy esperó hasta el pasado viernes para formalizar el recurso

    *El alto tribunal ya suspendió el día 15 de enero la misma tasa que se aplicaba en Cataluña

    *Ignacio González mantiene el tasazo hasta que el Constitucional le fuerce a retirarlo

    http://www.eldiario.es/politica/TC-suspendera-Madrid-proxima-semana_0_93090852.html


    Mariano Rajoy ha esperado 18 días desde la entrada en vigor para formalizar ante el Tribunal Constitucional el recurso que impugna el euro por receta en la Comunidad de Madrid. El alto Tribunal tampoco tiene tanta prisa como los enfermos madrileños, y esperará al menos hasta el pleno de la semana que viene (sólo se reúne cada 15 días) para ordenar la paralización inmediata del tasazo.
    Todo estos formalismos, unidos a la escasa premura con la que ha actuado el Ejecutivo de Rajoy y al empeño recaudatorio de Ignacio González, implican que los madrileños que necesiten medicamentos prescritos por médicos de la Seguridad Social llevan 22 días pagando una tasa amenazada de inconstitucionalidad desde el día de su entrada en vigor. El tasazo será legal al menos siete días más.
    El Tribunal Constitucional no tiene mucho que pensar para suspender la aplicación en Madrid de la misma tasa que el pasado 15 de diciembre impugnó en Cataluña. Los argumentos del Gobierno son los mismos y la respuesta del Estado de derecho debe ser idéntica.
    El Gobierno central, que ya tenía redactado el recurso contra el euro catalán, tampoco tiene mucha disculpa para haber esperado hasta el pasado viernes para impugnar el euro madrileño. Es cierto que hasta el jueves no tuvo el preceptivo informe del Consejo de Estado para apoyar su recurso... pero es que no lo había solicitado hasta el lunes anterior. Los madrileños llevaban dos semanas pagando.
    Ignacio González sabe desde el 1 de enero que su nuevo impuesto a la enfermedad tiene un recorrido muy escaso, pero eso no le ha llevado a renunciar a aplicarlo o a suspenderlo. Ha preferido seguir recaudando hasta que el Constitucional le obligue a dejar de hacerlo. En las casi tres semanas que lleva cobrándose en las farmacias de la Comunidad, el Gobierno de González ha ingresado cerca de 5 millones de euros por recetas.
    No consta que ni Ignacio González ni Artur Mas vayan a devolver a los madrileños y catalanes el dinero recaudado por este concepto.

    Otros 200 directivos de centros de salud, en contra de la privatización


    El País.es
    EL CONFLICTO DE LA SANIDAD »

    http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/21/madrid/1358809119_145708.html

    Otros 200 directivos de centros de salud, en contra de la privatización

    Los equipos que no firmaron la dimisión masiva entregan un documento de rechazo

    "No hay ninguna brecha entre los equipos que han dimitido y los que no; el objetivo es el mismo"


    La Consejería de Sanidad madrileña trató de restar importancia a la dimisión en masa de los directivos de atención primaria de la región, presentada a principios de enero y que se hará efectiva el día en que la Comunidad de Madrid saque a concurso la gestión de los centros de salud. Incluso emitió un comunicado en el que afirmaba que "solo" el 36% de los directores había presentado su renuncia, ignorando así a enfermeras y auxiliares administrativos (el equipo directivo lo forman los tres profesionales). Ayer los profesionales de atención primaria que no se sumaron a la dimisión en masa remitieron una carta a la Consejería de Sanidad en la que dejan claro que su decisión no quiere decir que apoyen el plan de privatizaciones del Gobierno regional.
    El escrito, "conjunto y firmado por 86 equipos directivos de centros de salud de la Comunidad de Madrid que no presentaron su dimisión diferida el 8 de enero, quiere dejar claro "ante la Consejería y ante la opinión pública en general" la oposición de estos profesionales a la "implantación del Plan de Garantías de Sostenibilidad que contempla la privatización de la gestión de 27 centros de salud", señalan en un comunicado. "Un total de 217 profesionales: 78 directores de centro, 63 responsables de enfermería y 76 jefes de equipo administrativo han suscrito dicho documento", añaden.
    más información
    "Estas firmas, sumadas a las de los profesionales que previamente presentaron su dimisión suponen, a fecha de hoy, que 193 directores y 180 equipos directivos al completo - cerca de un 75 % de los centros de salud de la Comunidad- han reiterado explícitamente su rechazo a dicho plan", asegura el comunicado.
    En el texto que le ha llegado a la Consejería de Sanidad los firmantes aseguran: "El hecho de que no hayamos compartido la medida de presentar nuestra dimisión en bloque de forma diferida no supone un apoyo encubierto al plan, ni una laxitud en nuestra respuesta al mismo". También manifiestan:  "No se ha abierto ninguna brecha entre los equipos directivos cuyos miembros han dimitido y los que no lo hemos hecho, ya que nuestro objetivo es el mismo: la mejora de la atención primaria madrileña y la defensa de un sistema público de calidad del que somos garantes". 
    En otro de los puntos de la misiva, los profesionales aseguran que apoyan el documento que elaboraron las organizaciones de atención primaria como alternativa al plan regional. "Estamos dispuestos a trabajar desde ya, como siempre lo hemos hecho, para conseguir, con los menos recursos que tenemos, que nuestro sistema sanitario salga adelante sin necesidad de acudir a terceros", señalan.

    y también en : RTVE.es/EUROPA PRESS - MADRID
    22.01.2013
    http://www.rtve.es/noticias/20130122/mas-200-directivos-centros-salud-anunciaron-dimision-rechazan-privatizacion-gestion/604291.shtml

    viernes, 18 de enero de 2013

    Es suicida pensar que los sanatorios y clínicas privadas pueden ser la alternativa a la enorme complejidad de la medicina moderna en red.


    La mala senda de la sanidad pública

    Es suicida pensar que los sanatorios y clínicas privadas pueden ser la alternativa a la enorme complejidad de la medicina moderna en red. Lo sensato es defender y reformar la gestión del modelo actual.

    Algunas comunidades autónomas lo tienen claro: no les gusta la provisión pública de servicios sanitarios y prefieren contratar servicios al sector privado. Su argumento es simple: la privada sale más barata. Parafraseando el aforismo chino, el “gato privado” caza los ratones de la enfermedad con menor coste que el “gato público”. Y como lo que importa es cazar ratones al menor precio, pues la decisión parece sencilla. El radicalismo con el que practican esta creencia los Gobiernos del Partido Popular en Valencia y Madrid rompe el consenso que los grandes partidos tenían hasta 2008 para sostener el Sistema Nacional de Salud con una estructura de provisión pública dominante.
    Y para demostrar su tesis, abandonan a su suerte a los hospitales públicos de gestión directa, renunciando a mejorar su gestión, y usándolos como reservorio para extraer recursos, soportar ajustes, asignar funciones y pacientes caros y evacuar la entropía que generan las externalizaciones. Es la profecía autocumplida: “Digo que no funcionan y me aseguro de que no lo hagan”.
    El problema es demasiado importante y complejo como para despacharlo con simples prejuicios doctrinarios: los cambios en políticas de esta envergadura deberían asumir la carga de la prueba, máxime cuando a nivel internacional encontramos que la externalización a hospitales gestionados por empresas con ánimo de lucro es minoritaria, frente a modelos públicos (administrativos o empresariales), profesionalistas, cooperativos o fundacionales. Por algo será…
    “Bueno, bonito y barato a la vez… difícil es”. Pero lo muy barato, si no aporta valor, es ineficiente: lo importante no es a cuánto sale una placa, una analítica o una operación quirúrgica (aunque conviene que los costes unitarios sean razonables); lo relevante es qué resultados en salud se obtienen en una población dada a partir de unos recursos empleados.
    Las intervenciones son instrumentales para conseguir mejoras en salud; y por eso hay que desconfiar de quien se ufana en mostrar que le salen más baratas. Lo barato a corto puede salir inmensamente caro a medio y largo plazo. Lo que puede funcionar para una demanda complementaria y de baja complejidad en el sector privado puede ser deletéreo para el trabajo en los hospitales generales que son responsables de la salud de un territorio y población.
    La gestión de los centros públicos ha mejorado, pero el avance ha sido lento y a contracorriente
    En los centros públicos hay (o había) estabilidad y seguridad presupuestaria y de empleo, lo que fideliza al personal y favorece construir comunidades de aprendizaje y práctica profesional. Lo malo es que también produce rigidez y localismo en las plantillas y dificultad para estimular la productividad (los incentivos son muy “blandos”). A falta de dinero, la motivación se nutre de la reputación y prestigio, lo que favorece la calidad y la innovación tecnológica y da cabida fácilmente a las cuasi altruistas funciones docentes e investigadoras.
    La gestión de los centros públicos ha mejorado, pero el avance ha sido lento y a contracorriente por tres factores: la inflexibilidad procedimental administrativa, la renuencia política a dar autonomía y profesionalizar la gestión y la hostilidad miope del sindicalismo ante las propuestas de modelos de “empresarialismo público”.
    La dificultad para transformar la gestión administrativa lleva a finales de los años noventa a ensayar en centros de nueva creación (hospitales comarcales y de menor tamaño) las llamadas “nuevas formas de gestión” (fundaciones, empresas públicas y consorcios). Y además son la fórmula perfecta para atender a las exigencias locales y capitalizar políticamente la inversión sanitaria. Toda la atención política se vuelca en las “lanchas rápidas” hospitalarias, abandonando a los “grandes transatlánticos” a su lenta deriva administrativa y a su función de soporte de los pequeños centros.
    La “sanidad privada” engloba muchas cosas diferentes: clínicas donde los médicos llevan a tratar a sus pacientes; hospitales benéficos y sin ánimo de lucro (larga estancia, psiquiátricos…) y también algunos hospitales generales (pocos) con plantilla médica propia (vinculada salarialmente). Frente al tamaño medio de los hospitales públicos de 416 camas, las clínicas tienen menos de 90 y los centros benéficos, 170.
    El sistema de colaboración público-privada iniciado en Valencia y seguido en Madrid crea un nuevo modelo concesional donde la financiación pública se traslada a una entidad privada con ánimo de lucro que construye y presta todos los servicios asistenciales para una población; el tamaño medio de los nueve hospitales existentes es de menos de 250 camas; a este sector se incorporarían los seis hospitales de modelo mixto (parte sanitaria pública y no sanitaria privada) que Madrid quiere privatizar completamente en este año.
    La lógica privatizadora produce fragmentación, mercadeo y miopía para tener beneficios a corto
    Los incentivos y comportamientos de estos modelos son muy diferentes; donde domina la autonomía profesional, el ethos comercial está mitigado por la cultura médica (reputación, compasión, ética, deontología, etcétera). Pero la historia es diferente cuando existe una empresa con un fuerte ánimo de lucro y accionistas lejanos, miopes y exigentes (capital especulativo); máxime cuando pueden movilizar poderosos incentivos y el mercado profesional está precarizado. No solo la práctica médica autónoma está afectada; es el propio paciente el que está en riesgo.
    Es temerario pensar que toda la red hospitalaria pública pueda basarse en los modelos de externalización que se han experimentado para hospitales de tamaño mediano o pequeño en estos años; y es simplemente suicida pensar que los sanatorios y clínicas privadas puedan ser la alternativa a la enorme complejidad de la medicina moderna en red. Ambos modelos pueden tener una función complementaria, pero es insensato imaginarlo como esquema dominante o único.
    Además, el ánimo de lucro en el corazón de los servicios sanitarios públicos llevará a una quiebra moral y cultural irreparable. Esto es lo que han entendido los médicos de Madrid, incluso aquellos que ideológicamente son afines al Partido Popular, o los que participan en el mix público-privado que hoy existe entre el puesto público de la mañana y las consultas y operaciones privadas por la tarde.
    Los que tienen el conocimiento profesional y experto saben de sobra que la excelencia en la medicina actual depende de consolidar una red entre niveles (alta especialización, hospital, primaria, urgencias y socio-sanitario), para trabajar integradamente por procesos, enfermedades y casos. Esto exige planificación territorial, cooperación y una base muy sólida de profesionalismo y gestión clínica. La lógica privatizadora va en sentido inverso: fragmentación organizativa, mercadeo de procedimientos singularizados, desestructuración competitiva en la relación de oferta y demanda, pérdida de longitudinalidad y miopía a la hora de realizar beneficios a corto y diferir esfuerzos y compromisos a largo plazo.
    Lo sensato es partir de la actual red de atención hospitalaria y primaria públicas para producir los cambios necesarios que permitan estimular su efectividad, seguridad, calidad, equidad y eficiencia.
    Hasta ahora ha sido imposible cambiar las reglas de gestión de los hospitales públicos de gestión administrativa o de los centros de salud de la atención primaria; el conservadurismo de los agentes y el sopor que producía el crecimiento presupuestario bloqueaban las transformaciones. Hoy ambos factores han desaparecido ante los brutales retos a los que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud. Es el momento de poner en marcha una reforma con apoyo de todos, que rediseñe el modelo de gestión de instituciones y personal al servicio de la sanidad pública y permita una gestión emprendedora basada en la transparencia, rendición de cuentas y normas de buen gobierno y gestión de lo público.
    Tocaría indagar si hay suficiente responsabilidad en el Gobierno, sensatez en el PP, reformismo en el PSOE, inteligencia en los sindicatos y generosidad en los profesionales para emprender una senda regeneracionista en la gestión pública de los centros sanitarios y unidades clínicas. Muchos estamos convencidos de que se trata de la única opción que nos permitirá legar a la siguiente generación un Sistema Nacional de Salud que merezca tal nombre.
    José Ramón Repullo Labrador es médico y experto en Planificación y Economía de la Salud.

    “Atender a los pacientes en los hospitales será más caro”


    JOSEP BASORA Presidente de Semfyc

    “Atender a los pacientes en los hospitales será más caro”

    El representante de los médicos de atención primaria cree que la asfixia presupuestaria de las comunidades está llevando a tomar decisiones arriesgadas y poco meditadas

    Josep Basora preside la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), una de las dos asociaciones de médicos de atención primaria que hay en España. Cree que la situación de asfixia presupuestaria de las comunidades autónomas está llevando a tomar decisiones arriesgadas y poco meditadas como el cierre por parte de algunas autonomías —la última, Castilla-La Mancha— de varios puntos de atención continuada, los ambulatorios con consulta nocturna que dan servicios a muchos municipios rurales. La acción, advierte, tendrá consecuencias sociales y económicas a largo plazo.
    Pregunta. ¿Qué papel cumplen estos centros?
    Respuesta. Estamos en una dinámica en la que los pacientes tienen más enfermedades crónicas. Acuden con más frecuencia al médico y requieren una atención de proximidad constante. Esa es la función de estos centros, atender las incidencias que no son de muy alta complejidad. Son un recurso más sencillo que hace una gran función. Resuelven el 90% de los casos que les llegan y evitan que casos que no son graves vayan a las urgencias hospitalarias. Si esos pacientes van a un hospital, su asistencia será mucho más cara y además terminarán en una camilla en un pasillo sin recibir la asistencia que necesitan.
    P. ¿Qué supone su cierre?
    R. Puede tener consecuencias no solo para la población, que tendrá que desplazarse para recibir la misma atención o peor. También se corre el riesgo de sobrecargar servicios que no están diseñados para el tipo de casos que atienden los centros de atención continuada. Estamos diciendo constantemente que las urgencias están saturadas; pero lo estarán mucho más tras los cierres. Eso se está ignorando.
    P. Ahorro a corto plazo.
    R. Efectivamente. El coste a largo plazo de la atención de esos pacientes en los hospitales, o de no atenderlos, será mucho mayor. Hay que tenerlo en cuenta, no se está haciendo un estudio completo de la situación. Antes de cerrar los centros indiscriminadamente, como parece que se está haciendo, hay que evaluar cómo están funcionando y su efectividad. Y eso no se hace solo analizando cuántos pacientes los utilizan. También, y sobre todo, hay que mirar qué tipo de pacientes acuden a ellos: si son personas muy envejecidas, con muchas enfermedades crónicas, porque la atención indicada para ellos son estos centros. Y si no los tienen habrá que darles otra opción adecuada. No decimos que todos los centros sean necesarios, pero debe estudiarse.
    P. ¿Se ha tomado la decisión a la ligera?
    R. Se está actuando demasiado deprisa, pero no solo en Castilla-La Mancha con los últimos casos conocidos. Hay comunidades que decidieron cerrar centros de atención continuada hace meses, como Cataluña, que ahora debe hacer público el análisis de cómo ha ido su decisión.