lunes, 31 de diciembre de 2012

No es lo mismo: esto es una chapuza | Opinión | EL PAÍS

http://elpais.com/elpais/2012/12/28/opinion/1356700794_802436.html

No es lo mismo: esto es una chapuza

La reforma del sistema británico de salud será controlada, paso a paso, por organismos independientes

30 DIC 2012 - 00:00 CET

En 2015, todos los ciudadanos deberían poder valorar cómo funciona el sistema de salud a su nivel local, cómo proporciona los cuidados que está obligado a dar y cómo cumple con los estándares o normas de calidad fijadas públicamente. “La transparencia es un elemento decisivo tanto para mejorar la calidad de los servicios de asistencia así como para informar a los ciudadanos sobre lo que pueden esperar y exigir del Servicio Nacional de Salud”. “Es fundamental que exista una expectativa mensurable [es decir datos, cifras y comparaciones que se puedan medir] para poder valorar si el Gobierno está cumpliendo con sus afirmaciones sobre el rendimiento del sistema de salud”.
Lo que acaban de leer es parte del “mandato” firmado en noviembre pasado entre el Gobierno de Reino Unido y el Consejo de Dirección del Sistema Nacional de Salud (NHS), un organismo independiente que ha sido creado para asumir la responsabilidad del nuevo modelo de gestión del NHS a partir del 1 de abril del año próximo. El “mandato” fue negociado durante tres meses con asociaciones de ciudadanos, de médicos y de personal sanitario, y con otras organizaciones independientes relacionadas con la sanidad pública.
Un trabajo poco profesional de unos políticos poco habituados al control, la exigencia, y la demanda de responsabilidades
El Gobierno conservador británico puso en marcha una complicada reforma del Sistema Nacional de Salud, mediante la ley denominada Health and Social Care Bill, que fue objeto de centenares de enmiendas, se discutió durante horas en el Parlamento e incluso se pospuso y ralentizó su aplicación como consecuencia de la presión que ejercieron los afectados y la oposición. Cameron aceptó esperar a que un grupo independiente elaborara un informe, y esos expertos propusieron que la reforma se realizara paso a paso y que se pudiera ir valorando sus resultados.
La nueva ley acepta que hay que introducir más competencia en la sanidad pública, sin que eso sea un objetivo en sí mismo, sino una manera de mejorar la calidad, y abrir el abanico de proveedores privados. El recurso a proveedores privados ya fue aceptado por el Gobierno laborista de Tony Blair, pero manteniendo la gratuidad y la idea de que se trata de un servicio público universal.
El nuevo informe confirma esa presencia del sector privado en la sanidad pública, pero de manera equilibrada y controlada, de forma que se monitoricen permanentemente los resultados, al igual que se debe hacer con los servicios prestados directamente por el sistema gestionado de forma pública.
El King’s Fund, una fundación independiente para la mejora de la sanidad pública, que tiene sus raíces nada menos que en un hospital londinense de 1897, y que ahora funciona como un famoso think tank, advirtió sobre las dificultades que se plantean para cumplir con la exigencia del Gobierno de que el NHS ahorre un 5% anual de presupuesto en los próximos años. Sus expertos han empezado a analizar trimestralmente los datos que están obligados a proporcionar los centros sanitarios, de gestión pública o privada, y ejercen una considerable presión para lograr un máximo de información en términos que sean comparables.
Toda esta información viene a cuento del debate que se plantea en España sobre la gestión privada de hospitales y centros de salud públicos. Es lo mismo que se está haciendo en Reino Unido, advierten sus partidarios. No, no es lo mismo, porque en España ni se ha debatido sobre el asunto en el Parlamento, ni se ha consultado previamente a los expertos y a los interesados, pacientes y personal sanitario, ni se han establecido previamente las normas de control, ni se han fijado de manera formal y transparente los objetivos que deben cumplir esos centros (de gestión pública o privada), ni se garantiza la transparencia del gasto, ni la posibilidad de comparar unos centros y otros, ni nada de nada.
Lo de aquí, al margen de que se favorezca o no la presencia de proveedores privados en la sanidad pública, es una simple chapuza. Un trabajo poco profesional de unos políticos poco habituados al control, la exigencia, y la demanda de responsabilidades.

Comunicado de Prensa de los Jefes de Servicio

Comunicado de Prensa de los Jefes de Servicio 28/12/12


Los Jefes de Servicio enviaron una nota de prensa que a continuación reproducimos íntegramente. Nos ha parecido muy apropiada tanto en tono como en contenido:

En contra de la opinión unánime de todos los profesionales sanitarios, de todos los grupos de la oposición y de más de un millón de ciudadanos, hace unas pocas horas la Asamblea de Madrid ha aprobado la Ley de Acompañamiento que permite al Gobierno de la Comunidad la privatización de 6 hospitales y de 27 centros de salud. Los Jefes de Servicio al igual que otros muchos médicos y demás profesionales de la salud nos hemos mostrado desde el principio en contra de esta medida porque no es cierto que se haya demostrado, como afirma el Consejero en su Plan de Sostenibilidad, que la sanidad privada sea más barata que la pública. Los antecedentes disponibles, dentro y fuera de nuestro país, demuestran justo lo contrario, a la larga la privatización de la sanidad pública conduce a un empeoramiento de muchos indicadores básicos de salud y acaba costando mucho más.
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Tras cuatro semanas de continuas ofertas públicas de colaboración y de repetidos compromisos para contribuir en los planes de ahorro, la Consejería nos convocó a una negociación, que tras tres sesiones quedó estancada ante su negativa a abordar el principal punto que nos separa, la privatización de 6 hospitales y 27 centros de salud.
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Cuando están ocurriendo todas estas cosas, la Consejería que inicia la aplicación del plan de sostenibilidad mediante el despido unilateral, no negociado ni consensuado de muchos médicos contratados eventuales en distintos hospitales de Madrid, pretende continuar una negociación vacía como si nada hubiera ocurrido.
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La ciudadanía tiene que saber que estos médicos con contratos eventuales forman parte de la plantilla de los hospitales y que muchos de ellos llevan años desarrollando su actividad, muchas veces de elevada complejidad. Lógicamente estos ceses supondrán inevitablemente la supresión de actividad en proporción al número de contrato no renovados. No es posible desarrollar la misma actividad asistencial con menos recursos. Por ello consideramos que la Consejería es la única responsable de las consecuencias que puedan derivarse de estas decisiones.
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Los Jefes de Servicio queremos informar a la opinión pública que no hay ninguna negociación abierta y que ningún Jefe de servicio está negociando ningún punto del Plan de Sostenibilidad ni con sus Gerentes ni con la Consejería.
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Los médicos, que hemos trabajado desde hace años por el fortalecimiento y la mejora de un Sistema de Salud de todos y para todos, nos sentimos despreciados por las autoridades sanitarias y políticas de la Comunidad de Madrid, pero manteniendo nuestra línea de actuación, los Jefes de Servicio tomaremos por nuestra parte las medidas necesarias para evitar el deterioro de la asistencia sanitaria que pueda producir la introducción del Plan de Sostenibilidad.
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Reiteramos nuestro compromiso con la Sanidad Pública y nuestra frontal oposición a la privatización de 6 hospitales y 27 centros de salud, por tanto seguiremos con nuestras acciones de oposición a este plan, pues lo que está en juego es nada menos que la supervivencia de nuestro Sistema Público de Salud, uno de losmás baratos de Europa, pero de los de mayor calidad del mundo. Lamentamos una vez más la irresponsabilidad, la frivolidad y la incompetencia de las autoridades sanitarias y del Presidente de la Comunidad de Madrid, que han colocado a la Sanidad madrileña (pacientes y sanitarios) al borde del colapso ante su total e indisimulada indiferencia.
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Plataforma de Jefes de Servicio de los Hospitales de titularidad y gestión pública de la Comunidad de Madrid.

La obscena privatización de la sanidad madrileña

30/12/2012
El Confidencial, diario de información en español


http://www.elconfidencial.com/opinion/mientras-tanto/2012/12/30/la-obscena-privatizacion-de-la-sanidad-madrilena-10475/
La obscena privatización de la sanidad madrileña. Ni Lasquetty conoce sus hipotéticos beneficios
















 


Hay que reconocerle a Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, que así se llama el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, un arrojo político indudable. Nunca -desde que a los 16 años ingresó en las juventudes del Partido Popular- ha ocupado puestos relacionados con la sanidad pública o privada, pero ha sido capaz de impulsar la mayor reforma del sistema sanitario desde que en 1978 nació el viejo Insalud.
Lo sorprendente, sin embargo, no es su desconocimiento profesional de una realidad compleja -estudió Derecho y Ciencias Políticas y ha hecho carrera siempre dentro del PP ejerciendo de fontanero de sus jefes: Esperanza Aguirre y Aznar- sino que en sus intervenciones públicas suele establecer una especie de superioridad moral de lo privado frente a lo público a la hora de gestionar hospitales y centros de salud. Y eso que toda su vida profesional la ha hecho al calor de la cosa pública.
Lo relevante no es que lo piense Lasquetty -al fin y al cabo muchos ciudadanos tienen la misma opinión de manera legítima- sino que, en ningún momento, ha sido capaz de acreditarlo con cifras o con información basada en la experiencia internacional, lo cual es más preocupante. Este es, en realidad, el mayor problema de la reforma sanitaria: que ni los propios impulsores conocen sus consecuencias e hipotéticos beneficiosLo relevante no es que lo piense Lasquetty -al fin y al cabo muchos ciudadanos tienen la misma opinión de manera totalmente legítima- sino que, en ningún momento, ha sido capaz de acreditarlo con cifras o con información basada en la experiencia internacional, lo cual es más preocupante.
Este es, en realidad, el mayor problema de la reforma sanitaria aprobada en Madrid: que ni los propios impulsores conocen sus consecuencias e hipotéticos beneficios. Al contrario de lo que sucede en otras esferas de la economía, en el campo de la salud la eficiencia y la productividad no están relacionadas directamente con el hecho de que la gestión sea pública o privada, sino con factores mucho más complejos vinculados a parámetros exógenos.
EEUU, por ejemplo, es el país del mundo que más gasta (salvo Luxemburgo) en sanidad per cápita (7.960 dólares); pero es, al mismo tiempo, el más ineficiente. La sanidad norteamericana precisa más dinero para dar la misma calidad al no haber tejido una red asistencial capaz de aprovechar las economías de escala que se derivan de un modelo sanitario integrado. España, muy al contrario, ocupa el puesto número 19 (año 2009) en cuento a gasto sanitario total per cápita dentro de Europa (3.032 dólares) incluyendo fondos públicos y privados, pero existe una coincidencia general en que el sistema es globalmente muy satisfactorio. Incluso países como Suecia, que ahora se ponen como ejemplo, gastan más que España por cabeza pese a que la gestión de su sistema sanitario es mayoritariamente privada tras las reformas de los primeros años 90.
Los costes estructurales
¿Es mejor el sistema sueco que el español? La respuesta, como en la canción de Dylan, está flotando en el viento. Simplemente porque la realidad socio-económica y demográfica de ambos países es radicalmente distinta, toda vez que el gasto sanitario está influido mayoritariamente por dos variables: el número de enfermos crónicos (que en la mayor parte de los casos sufren distintas enfermedades de manera simultánea) y los avances tecnológicos, tanto en medicamentos como en equipamiento hospitalario. En el primer caso, y según algunos estudios, más del 70% del gasto sanitario se concentra en el 5% de la población con mayor necesidad de atención sanitaria, precisamente los enfermos de carácter crónico.
Sin duda que detrás de esta realidad se encuentran tanto el estilo de vida de cada país como los antecedentes económicos, sociales y culturales de la población atendida, cuyas circunstancias son muy distintas por razones históricas, por lo que no es posible establecer ninguna comparación homogénea. Es por eso que las investigaciones más recientes han encontrado la respuesta acudiendo a la gestión integrada de la atención sanitaria de los pacientes crónicos, incluyendo los servicios sociales y la dependencia.
Estos nuevos sistemas de gestión por supuesto que no tienen nada que ver con que la organización de la atención sanitaria sea pública o privada, sino con una nueva forma de aproximarse al problema. La otra clave, por el contrario, es aumentar la autonomía de gestión hospitalaria y la política de incentivos. Y ambas cosas, que ahorran costes, se pueden hacer hoy por hoy con la ley en la mano. De verdad alguien cree que un Gobierno que se ha subido impuestos, revolucionado a los funcionarios etc… no puede propiciar la autonomía de gestión de los hospitales y articular una política de incentivos.
¿Cuál es el problema? Que eso supone hacer política con mayúsculas, gestionar, aplicar el sentido común y brearse en el terreno de la administración de recursos, siempre escasos. Y eso es lo que no parecen querer en el PP de Madrid, complicarse la vida y actuar. Es mejor que lo hagan otros. Las empresas privadas que se quedarán con la gestión hospitalaria y los centros de salud. La política de incentivos se puede aplicar en ambos modelos, y eso, de hecho, es lo que se pretendía con la creación de fundaciones públicas, que intentó en su día Núñez Feijoo con Romay Beccaría de ministro.
El pago por resultados es una fórmula válida tanto en uno u otro sistema, pero siempre que el sistema de evaluación sea objetivo y transparente, algo que hoy por hoy nadie es capaz de garantizar en los sistema mixtos de titularidad pública y gestión privada; y menos en un país como España, donde los intereses del sector público y del privado se entremezclan de forma obscena. Ahí está el caso de las autopistas radiales de Madrid que han tenido que ser salvadas de la quiebra con dinero públicoLa experiencia privatizadora sueca, como han puesto de relieve numerosos estudios, ha revelado que la economía de la salud no pasa por construir un sistema basado en la competencia, sino en la cooperación, que es, precisamente, lo que pretende el Ministerio de Sanidad -con acierto- cuando habla de crear una gran central de compras integrada en el sistema nacional de salud.
El pago por resultados es, desde luego, una fórmula válida tanto en uno u otro sistema, pero siempre que el sistema de evaluación sea objetivo y transparente, algo que hoy por hoy nadie es capaz de garantizar en los sistema mixtos de titularidad pública y gestión privada; y menos en un país como España, donde los intereses del sector público y del privado se entremezclan de forma obscena. Ahí está el caso de las autopistas radiales de Madrid que han tenido que ser salvadas de la quiebra con dinero público. Y ahí está la inasumible y escandalosa rentabilidad asegurada por la Comunidad de Madrid a las empresas concesionarias de siete hospitales en la región: nada menos que un 11,22% anual garantizado por contrato, y sin pagar impuestos hasta pasados 17 años desde el inicio de la concesión. Muchas empresas querrían un chollo similar.
Un documento impagable
Existe, en este sentido, un documento impagable y esclarecedor que pone de relieve la estulticia de algunas políticas. Lo envió el 13 de abril de 2011 el anterior presidente de Seopan, David Taguas, al propio Lasquetty como representante de las empresas concesionarias. En el documento, aparte de quejarse de que el pliego de condiciones no cubre los gastos reales, las empresas concesionarias admiten que no hay forma de medir las intervenciones quirúrgicas. Y lo hacen en estos términos: “Transcurridos tres años desde la apertura de los 7 nuevos hospitales, no hay acuerdo ni en cómo medir o estimar las intervenciones quirúrgicas reales ni mucho menos en cómo medir o estimar las intervenciones quirúrgicas que el hospital no puede registrar de forma codificada y por tanto mostrar en estadística.
Todo un reconocimiento de parte que lleva aparejado una reclamación: la administración madrileña ha generado una deuda no reconocida de tres millones de euros al año porque a las concesionarias no les salen las cuentas. Algo parecido sucedió con el hospital de Alzira, que tuvo que renegociar el contrato de concesión con la Comunidad valenciana, como sostiene la sociedad española de salud pública. Con razón, el profesor Guillem Lopez Casanovas se preguntaba hace algún tiempo qué tipo de incentivos tenía un proveedor del servicio sanitario (el gestor privado) para darle información veraz a quien financia (el sector público) habida cuenta de que puede ir contra sus propios intereses en el momento de corregir las tarifas.
No es de extrañar, por lo tanto, que la Cámara de Cuentas de Madrid dijera en un informe que elaboró sobre la sanidad de la región que “una gran parte de los indicadores previstos para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos presupuestarios sólo representan la actividad que se prevé llevar a cabo, pero no sirven para medir el objetivo de mejorar la eficiencia de las actuaciones”. Pues bien, sobre la base de esta deficiente información es la que la Comunidad de Madrid ha procedido a privatizar buena parte de la gestión sanitaria.
Una inutilidad
Y es que ningún método de evaluación de resultados objetivo es capaz de medir realidades distintas, y, por lo tanto, trasladar un modelo u otro a un país es simplemente inútil. Como han puesto de manifiesto los profesores Mas, Cirera y Viñolas, del IESE, un reciente estudio de la OCDE elaboró un ranking de países estimando las muertes que se podrían haber evitado con una atención sanitaria eficiente. Y el resultado fue que el país con una menor mortalidad evitable era Francia, mientras que España ocupaba el puesto número 10 de 31. No está nada mal teniendo en cuenta que está a la cola del gasto sanitario per cápita.
Estamos, por lo tanto, ante una privatización de seis hospitales y 27 centros de salud que no se hace con criterios de eficiencia en el gasto, sino por razones estrictamente ideológicas, lo cual es todavía más irracional. Lasquetty, en este sentido, es un mero ejecutor al que el presidente Ignacio González despachará en cuanto pueda. Y no es que no existan bolsas de ineficiencia, que sin duda las hay, sino que se pretende tratar de forma homogénea a problemas distintos con soluciones no contrastadas por la realidad.
Sin duda que el brazo largo de la Faes de Aznar está detrás de este movimiento hacia ninguna parte que ha iniciado la sanidad madrileña. Pero lo que choca es que nadie en el Gobierno central (que ha recurrido al Constitucional el euro por receta) haya intentado frenarlo habida cuenta de que supone un paso más en la ruptura de la unidad de mercado en España. No parece razonable que cuando el propio Ejecutivo -con buen criterio- está ultimando una ley para garantizar la unidad de mercado, una comunidad privatice la gestión de buena parte de su red hospitalaria, lo que sin duda supone una distorsión en el conjunto del sistema. Como dijo Ignacio de Loyola, es mejor no hacer mudanza en tiempo de tribulación. Y menos cuando la reforma no aparecía en el programa electoral

Los ingleses también se muestrean contrarios a la privatización.Publicación del Wall Street Journal

  • SPANISH

  • Updated December 27, 2012, 7:43 p.m. ET
  • http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324669104578206151085168678.html?mod=wsj_valettop_email

    Los británicos dicen 'no' a Virgin en la salud


    LONDRES—Richard Branson hizo una fortuna estampando su irreverente marca Virgin en todo tipo de industrias, desde la aérea a la discográfica. Pero ahora el multimillonario es blanco de las críticas por tratar de poner el sello de Virgin en un servicio que muchos británicos no quieren que tenga marca: su sistema público de salud.

    La división Virgin Care, parte de Virgin Group, de Branson, ha pasado los últimos dos años y medio proporcionando servicios médicos como podología y dermatología al Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés), que está recurriendo cada vez más a contratistas en el sector privado para ahorrar dinero y mejorar el servicio.

    Dave Plummer

    Muchos médicos, pacientes y ciudadanos están en contra de la tercerización, e insisten en que no les gusta la idea de que las empresas del sector privado intenten exprimir ganancias de NHS, que ya está agobiado económicamente.

    Virgin, uno de los nombres más grandes y reconocidos de los negocios, se ha convertido en un blanco popular para las críticas.

    La empresa señala que sus contratos detallan que para generar una ganancia, primero tiene que lograr que el NHS ahorre cantidades específicas de dinero.

    Aun así, en los últimos meses, trabajadores del sector de la salud han organizado numerosas manifestaciones delante de las tiendas Virgin Media VMED -0.69%y los gimnasios Virgin Active, donde se concentran a protestar luciendo caretas de Richard Branson y pancartas que dicen: "Branson: ¡Saca las manos de nuestro NHS!"

    Un vocero de Branson dijo que no estaba disponible para comentar al respecto.

    Mayor eficiencia

    Jacky Davis, una radióloga de NHS que ayudó a organizar una de las protestas, aseveró que el cuidado médico en particular "no encaja con el mercado comercial".

    "Las multinacionales consiguen sus ganancias rebajando las condiciones de trabajo de sus empleados y recortando los servicios", apuntó. "En ambos casos, los pacientes salen perdiendo".

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    Virgin afirma que algunos aspectos del NHS son tan ineficientes que existen muchas posibilidades de mejorar el servicio y también de lograr ganancias. "Todos sabemos que en algunas ocasiones, el NHS puede proporcionar servicios fantásticos, pero de vez en cuando también pueden ser mejorados", puntualizó Bart Johnson, el presidente ejecutivo de Virgin Care.

    Johnson no quiso divulgar cuáles son las metas de ganancias a las que está apuntando Virgin en el sector de salud, pero aseguró que existe una "correlación completa entre el servicio de alta calidad y los robustos retornos financieros".

    Al igual que la mayoría de los países industrializados, Gran Bretaña lucha con un alza en los costos del cuidado de la salud y un creciente déficit fiscal, lo que obliga al NHS a encontrar formas de ahorrar. El gobierno laborista anterior comenzó a tercerizar algunos servicios de salud a compañías privadas a mediados de los 2000, en lo que describió como un intento por recortar costos y mejorar los servicios.

    El proceso se ha agilizado bajo el actual gobierno conservador y este año se aprobó una ley para abrir más la puerta al sector privado. El NHS indicó que contratistas del sector privado realizaron 4,3% de las operaciones hospitalarias electivas que se llevaron a cabo en el año fiscal de 2012.

    Los esfuerzos de Gran Bretaña por aumentar el papel del sector privado en la salud pública contrastan con Estados Unidos, donde la ley de salud del gobierno de Barack Obama incrementa el papel del Estado en la financiación y regulación del cuidado de salud.

    Sin embargo, no todas las reacciones han sido negativas. Surrey Link, una organización sin fines de lucro, asegura que Virgin siempre ha tomado medidas "cada vez que hemos señalado áreas donde se pueden mejorar los servicios". Por ejemplo, la compañía reparó edificios "en los que no se había invertido en mucho tiempo", dijo el grupo en un comunicado.

    por esto seguimos luchando...................

     

    Los hospitales valencianos de gestión privada exigen más dinero

    Las empresas piden a la Generalitat que les suba la cuota por habitante

    El Gobierno regional admite impagos que las firmas cifran en 150 millones

     
    La profunda debilidad financiera por la que atraviesa la Generalitat valenciana está poniendo en aprietos el modelo de gestión privada de la sanidad pública en la autonomía que primero y más decididamente apostó por esta fórmula.
    El Gobierno regional arrastra importantes deudas desde el año 2009 con las empresas que gestionan los cinco departamentos de salud privatizados (Alzira, Torrevieja, Dénia, Elche y Manises). El monto principal de los impagos, que asciende a 150 millones de euros, corresponde a pacientes atendidos de otros departamentos, que dependen directamente de la sanidad pública, por lo que corresponde a la Generalitat pagar estos tratamientos. Son liquidaciones acordadas y pendientes de pago desde 2009. Las cinco concesionarias, de las que depende la atención sanitaria pública de un millón de valencianos, se han cansado de esperar y exigen a la Generalitat que liquide cuanto antes lo que les debe.
     
    Fuente: Price Waterhouse, elaboración propia. / EL PAÍS
    Estas empresas —participadas por aseguradoras sanitarias y Ribera Salud— también reclaman que la Generalitat les modifique al alza la fórmula de actualización anual de la póliza (639 euros en 2012) que la Generalitat paga por cada habitante adscrito a cada concesionaria (entre 150.000 y 250.000 ciudadanos en función del departamento de salud). Esta es una reclamación que viene de largo. En lugar de usar como referencia el incremento del presupuesto en asistencia sanitaria de la Consejería de Sanidad, las empresas quieren que el aumento de la cápita se vincule al crecimiento del gasto real, que es superior.
    Además, también plantean otras cuestiones, como que sea la Generalitat la que asuma los gastos financieros del confirming, un sistema de pago por el que, para paliar los retrasos del Gobierno valenciano, las entidades bancarias adelantan los abonos a las operadoras sanitarias a cambio de cobrar por esta operación. Las concesionarias consideran que no son ellas, sino la Generalitat quien ha de correr con estos gastos, que rondan, en total, un millón de euros al año.
    Todo ello sucede mientras Castilla-La Mancha pretende extender este modelo privatizador valenciano a cuatro hospitales y Madrid aprobó ayer la ley que permite ceder a empresas la gestión de centros sanitarios públicos, lo que ha desatado una movilización sin precedentes contra la privatización de la sanidad.
    No es ningún secreto que las cuentas de la Administración valenciana están al límite. La situación es especialmente delicada en la Consejería de Sanidad, que recientemente hizo frente a un cierre indefinido de farmacéuticos que reclamaban deudas por 450 millones. Una portavoz de este departamento prefiere no entrar en el detalle de la suma de los impagos. Pero admite que la deuda con las empresas existe y “es fruto de la situación financiera actual”. En breve, añade, está previsto que se celebre un encuentro con las cinco operadoras sanitarias “para analizar la situación e intentar llegar a algún acuerdo”.
    Al menos una de las concesionarias, la que gestiona el departamento de salud y el hospital de Manises, ha llevado sus quejas más lejos de la mera protesta. Ya lo hizo cuando en julio y agosto no abonó a sus trabajadores el salario íntegro con la excusa de que la Generalitat se había retrasado en el pago. Ahora, en un documento que ha remitido recientemente a la Consejería de Sanidad, ha plasmado al detalle lo que considera incumplimientos de los compromisos asumidos por la Generalitat en el contrato de concesión. En total, la deuda que imputa a la Administración valenciana es de 75,9 millones de euros de los ejercicios de 2009, 2010 y 2011.
    Pero la operadora sanitaria —controlada por Sanitas—, va aún más lejos. En el mismo escrito plantea que o se solventan las deudas y se cumplen las condiciones del contrato, o se renegocien de nuevo. Y propone distintas alternativas como la prórroga del servicio, la ampliación de la población cubierta (y por ello los ingresos de la Administración) o la incorporación de prestaciones excluidas de la concesión como la oxigenoterapia o las prótesis.
    Aunque estas condiciones se parecen mucho a un rescate, Sanitas niega que esté solicitando una solución de este tipo a la Generalitat. La aseguradora sanitaria explica que la Ley de Contratos del Sector Público garantiza el mantenimiento del equilibrio financiero en este tipo de concesiones administrativas que afectan a servicios públicos. Y entiende que la Generalitat ha alterado unilateralmente y “de manera reiterada” las condiciones del contrato, lo que “legitima a esta concesionaria a ejercitar el derecho al reequilibrio económico del contrato concesional”.

    Riesgos de un modelo

    La gestión privada de los servicios públicos sanitarios presenta distintas debilidades. Una de ellas la puso de manifiesto recientamente la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). Consiste en el riesgo de captura del regulador, un fenómeno que describe la excesiva influencia que pueden llegar a alcanzar las empresas adjudicatarias de los servicios sobre la Administración encargada de supervisar su funcionamiento.
    A ello se han referido también expertos en procesos de privatización sanitarios, como la británica Sally Ruane, quien en alguna ocasión ha planteado que dado el reducido número de empresas que pueden participar en estos costosos proyectos, existe el peligro de que haya una situación de falta de competencia y un exceso de poder de los pocos operadores existentes, lo que deriva en el peligro al que aludía la SESPAS.
    Pero existen más puntos débiles. En estas fórmulas de privatización existe una dependencia absoluta de las empresas respecto a los ingresos de la Administración. Los sistemas de salud públicos son sus únicos clientes. Y si en las arcas públicas crecen las telarañas y se multiplican las deudas, las empresas concesionarias lo pagan en sus cuentas de resultados. Este es el escenario que ha llegado a la Comunidad Valenciana. Queda por saber si estas dificultades se trasladarán a los pacientes.

    Ejercicio de desprecio del Consejero de Sanidad

     
    http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/28/actualidad/1356701294_857788.html

    Lasquetty sobre el fin del paro: “Ya era hora”

    El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid acusa a los médicos de haber convertido a los pacientes en "rehenes" y los hospitales en "campos de batalla"


    El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, ha celebrado este viernes la desconvocatoria de la huelga indefinida que mantenían los médicos desde hace cinco semanas, finalizada tras conocerse ayer la aprobación, con los votos del PP, de la ley que permite ceder a empresas privadas la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud. "Ya era hora", ha dicho Lasquetty, quien ha acusado a los profesionales de haber convertido en "rehenes" a sus pacientes. "Esta huelga ha perjudicado a muchos miles de madrileños. También a los profesionales. Los pacientes se han visto convertidos en rehenes de desacuerdos de tipo profesional que no tienen por qué afectar a los pacientes".
    "Nuestro objetivo irrenunciable es mantener el nivel de calidad de la sanidad reduciendo los costes. Es necesario trabajar de otra manera y emprender algunas reformas", ha añadido para justificar la Ley de Acompañamiento. El consejero ha aproximado un cálculo de "unos 200 millones de euros de ahorro derivados de la externalización en un año entero. No sería el caso de 2013 porque se haría avanzado el año". En la última rueda de prensa dijo desconocer ese dato.
    ha llamado a la responsabilidad a los diferentes colectivos que se han movilizado contra el Plan de Sostenibilidad. Los hospitales, ha dicho, "no son un campo de batalla", como a su juicio ha manifestado el secretario general del PSM, Tomás Gómez. En este sentido, ha señalado que la Consejería está abierta al diálogo y a valorar las propuestas que trasladen tanto sindicatos como colectivos profesiones, gestores de centros y jefes de servicio. Los médicos, sin embargo, aseguran que el Gobierno regional "ha aprobado el plan con la oposición de todo el mundo" y acudirán a los tribunales para denunciar irregularidades.
    La huelga indefinida que venía convocando la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) era, según Lasquetty, "injustificada". Ha tildado la actitud de este colectivo e "lamentable". "Ha llenado las calles de pancartas diciendo que la sanidad está en venta, cuando no se vende y que no se escuchaba a los profesionales cuando se les está escuchando", ha explicado. Lasquetty ha asegurado que el diálogo con los sindicatos de la mesa sectorial se mantiene. Afirma que hoy había una reunión prevista con "el sindicato" Afem y que ellos "desgraciadamente" la han aplazado. "Me parece muy lamentable. Están retrasando la solución al conflicto".
    Preguntado sobre la posibilidad de que Afem presente denuncias contra el proceso de provatización de la gestión y un posible recurso ante el Tribunal Constitucional sobre el euro por receta, el consejero ha subrayado la legitimidad de estas medidas al haber sido aprobadas por los procesos legales marcados por la Asamblea de Madrid. "El euro por receta entra en vigor el próximo martes 1 de enero. Es una tasa destinada a adecuar el número de recetas dispensadas a las que realmente necesitan los pacientes", ha explicado. Sobre un posible recurso del euro por receta madrileño tras el caso de Cataluña, ha dicho comprender que el Gobierno lo haga en el caso de Madrid: "Tendrá q ser finalmente el Constitucional quien decida, cosa que no creo que debamos dramatizar. Lo aceptaremos y lo lamentaremos".
    Sobre la dimisión en bloque de 332 directivos de primaria: "No hemos recibido ninguna carta de dimisión. Si las recibimos, las aceptaremos y procederemos a la sustitución de estos profesionales". Respecto a las dimisiones de las comisiones clínicas, ha matizado que "es distinto a las juntas", ya que "son órganos de trabajo que forman parte de comisiones de seguridad del paciente, farmacia, incluso tumores". Sobre la no renovación de los sanitarios eventuales el 1 de enero, Lasquetty ha dicho que "el sistema tiene una plantilla suplementaria, de refuerzo, de personas que no han superado una oposición. Y varía constantemente en función de las circunstancias". No ha concretado a cuántos no se renovará.

    375 profesionales de la Atención Primaria se comprometen a dimitir

    el paísMadrid

    http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/28/madrid/1356700683_818509.html

     País Madrid28 DIC 2012 - 14:26 CET

    375 profesionales de la Atención Primaria se comprometen a dimitir

    139 equipos directivos ya han firmado su dimisión condicionada a la externalización

    Si la privatización se lleva a cabo, las presentarán en la Consejería el 7 de enero

    La Plataforma de directivos de centros de salud mantiene "las puertas abiertas al diálogo"



    Un total de 375 médicos, enfermeros y administrativos miembros de los equipos directivos de centros de salud de la Comunidad de Madrid se han comprometido a dimitir si la Consejería de Sanidad presenta finalmente los concursos de externalización de la gestión de centros. Así lo ha afirmado la Plataforma de directivos de centros de salud en un comunicado emitido hoy como respuesta a la aprobación de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas por la Asamblea de Madrid. "Los profesionales de la sanidad madrileña, especialmente los de Atención Primaria, mantenemos nuestro más absoluto rechazo al cambio de modelo en la gestión de los Centros de Salud".
    Además, alrededor de 3.000 profesionales de todas las categorías renunciarán a participar en las comisiones de sus respectivos centros de salud. Esta dimisión "diferida", indican en el comunicado, "está planteada como un ejercicio de responsabilidad para evitar el colapso de la asistencia en el primer nivel" y "ante la falta de respuesta de la Consejería de Sanidad al seguimiento masivo de las huelgas convocadas, las manifestaciones multitudinarias, encierros y la firma en contra de más de 8.000 profesionales".
    En el comunicado aseguran que la mayoría de los profesionales han entregado ya su firma de dimisión. Está previsto que se entreguen de forma conjunta en la Consejería de Sanidad el próximo 7 de enero. En concreto, afirman que hasta ahora se han recogido las dimisiones de 139 equipos directivos de Centros de Salud, todavía no se han pronunciado 78 y ya han anunciado que no dimitirán 38. En alrededor de un centenar de centros de salud la dimisión es de todo el equipo directivo, además de las comisiones de centro de salud. Estas son las encargadas de organizar tareas como docencia, calidad, farmacia, vacunas, cartera de servicios, planes de cuidados, atención a grupos concretos de pacientes, entre otras cosas.
    Han dimitido 120 directores de centros de salud, 118 responsables de enfermería y 98 responsables administrativos, así como los responsables de las comisiones de 158 centros de salud, incluidos 35 en los que aún no lo ha hecho el equipo directivo.
    "Con estos datos, y a la espera de confirmar la adhesión de los compañeros que aún no se han podido pronunciar -afirman-, resulta clara la determinación de los profesionales a no colaborar en el desmantelamiento del modelo de Atención Primaria". En todo caso, los equipos directivos de centros de salud dicen mantener "todas las puertas abiertas al diálogo y al entendimiento como profesionales sanitarios comprometidos con la salud" de los pacientes.

    Cirugía invasiva sobre la sanidad madrileña

    el país

    27 DIC 2012 - 19:58 CET

    Diagnosticar a un paciente sin apoyo de la evidencia empírica y el contraste de conocimientos y experiencias no es que sea una decisión arriesgada, es sencillamente irresponsable. Cuando los dirigentes políticos madrileños defienden que las medidas son necesarias por razones económicas y no asistenciales, ocultan o ignoran, y no sé que es peor, algunos de sus efectos. Ofrezco tres argumentos que explicarían por qué el nuevo eufemismo “medidas para la sostenibilidad del sistema” proyecta más un espejismo que la tierra prometida.
    En primer lugar, previsiblemente, antes o después, la adopción de medidas de gestión privada implicará la asunción de los problemas derivados de la conocida teoría de la agencia. El esquema es simple: el principal (Comunidad de Madrid) delega la prestación del servicio público a un agente especializado (empresa) a cambio de un precio (canon). El principal, con el tiempo, suele desentenderse del seguimiento de la cantidad y calidad del servicio, mientras que el agente, conocedor exclusivo de la información asistencial y de costes, gestiona dicha información a su favor, bien para reducir costes (prestaciones), bien para reclamar actualizaciones del precio (aumento del canon), o ambos objetivos a la vez. Justamente, lo que ocurrió en 2011 cuando las empresas concesionarias alertaron del colapso del servicio si no les aumentaban el canon anual y se les contestó:“habrá que reequilibrar las concesiones a los nuevos hospitales de Madrid”.
    Se ha contrastado que las condiciones de asimetría de información entre el principal y el agente devienen en conflictos de objetivos cuya convergencia no es fácil porque es un modelo que intenta evitar las reglas y vive cómodocon la falta de transparencia. La vinculación entre principal (Comunidad) y agente (empresas) trabajará a favor de ciertos grupos (proveedores, accionistas, etc.) en detrimento de otros (trabajadores, pacientes, etc.), en donde, previsiblemente, los objetivos asistenciales serán sustituidos por los de rentabilidad. La técnica es asumir inicialmente servicios con presupuestos competitivos para que el tiempo se encargue de hacer el resto. De hecho, la profecía ya ha empezado a cumplirse.
    En segundo lugar, las organizaciones profesionales (hospitales, centros de salud), se caracterizan porque su núcleo operacional está formado por profesionales especialistas con un alto grado de autonomía y responsabilidad, y cuyos valores y habilidades técnicas dependen de estamentos externos a la organización. Este perfil les hace depender, en mayor medida, de las asociaciones profesionales que les representan que de la organización donde prestan los servicios. Para vencer estas resistencias los políticos toman medidas (supervisión, imposición de normas) que suelen ser rotundamente ineficaces porque ignoran algo esencial: la organización profesional no funciona sin los profesionales. Eludir esta premisa es condenar al fracaso cualquier decisión que se tome, y por lo que se ve, parece que estamos en la fase de reincidir sobre nuestras equivocaciones.
    En tercer lugar, toda organización identifica qué grupos de interés (trabajadores, proveedores, ciudadanos, etc.) debe tener en cuenta para construir su estructura, su funcionamiento y la dinámica de sus relaciones para dar respuesta a los desafíos que se enfrenta. Con la incorporación de la empresa privada a la sanidad pública se incorpora un nuevo grupo, los inversionistas o accionistas. Estos, previsiblemente, tendrán una influencia decisiva en las relaciones futuras, bien para exigir los beneficios esperados o para abandonar la prestación de servicios públicos cuando constaten que el nicho de negocio no es rentable. La privatización de los hospitales y los transportes públicos en Gran Bretaña es descrita por Judt (“Algo funciona mal” páginas 111-112). Algunas autopistas de peaje, también madrileñas, podrían ser otra pista.
    En definitiva, puede que la sanidad pública sea cara pero ni es un fenómeno singular español o madrileño, ni es la peor gestionada. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2010 el gasto sanitario público per cápita español asciende a 2.099,1 $USA y sigue siendo, desde 1995, el más bajo del grupo de países de nuestro entorno (Francia, 3.651,8;Alemania, 3.598,3; Gran Bretaña, 2.938,4; Italia, 2.520,7). De sus datos se desprende que Europa sufre una fuerte contención del gasto sanitario sin privatizaciones y los Estados Unidos asumen el incremento derivado de la reforma de Obama.
    Entonces, ¿la sanidad pública es perfecta e intocable? En absoluto. Es susceptible de mejorar en infinidad de aspectos pero, antes de provocar un incendio social, la ciudadanía tiene derecho a saber si existe margen de maniobra para: proponer gerentes eficaces que formen equipos eficaces; para mejorar la coordinación entre primaria y especializada; para replantear funciones, tareas, rutinas y procesos; para adecuar horarios, retribuciones y objetivos; para implementar medidas eficaces de control de suministros; para externalizar funciones accesorias; para aumentar la autonomía de los centros; para escuchar las propuestas de sus profesionales o para reforzar la educación sanitaria de una sociedad que vive este calvario entre confundida y olvidada.
    Rafael Martín. Economista

    DECLARACIÓN DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID A LA SOCIEDAD

     Declaración a la opinión pública y la nota de prensa correspondiente que ha realizado el Colegio Oficial de  Médicos de Madrid respondiendo a las últimas declaraciones del presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, sobre los facultativos, y haciendo algunas aclaraciones sobre la profesión médica en el conflicto sanitario madrileño, ahora que se ha desconvocado la huelga indefinida. 



    DECLARACIÓN DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID A LA SOCIEDAD

     
     El Ilustre Colegio de Médicos de Madrid ha recibido con estupefacción las
    declaraciones del presidente de nuestra Comunidad, D. Ignacio González, en
    relación a los médicos de Madrid, y no puede sino rechazarlas con la mayor
    rotundidad, y se siente en la obligación de explicar, tanto al Gobierno de
    nuestra Comunidad como a la sociedad en general, algunos aspectos acerca
    del conflicto que vivimos en la sanidad madrileña; este nuevo esfuerzo en
    aclarar algunos aspectos de esta dolorosa situación que se han visto
    oscurecidos en las últimas semanas se hace necesaria habida cuenta de que
    en este momento sólo la más leal colaboración y diálogo entre todas las partes
    puede llevar a la resolución del conflicto. Dado que la defensa de los intereses
    de los médicos y de los pacientes es la razón de ser de esta institución
    colegial, la resolución de este conflicto sí es su principal objetivo en el momento
    actual, por lo que no regateará esfuerzos en quitar todas las piedras que
    alguna de las partes pueda dejar en el camino y en facilitar un diálogo
    constructivo que permita devolver la asistencia sanitaria a la normalidad.
    En primer lugar, es innecesario recordar que la primera y única preocupación
    de los médicos son sus pacientes: A ellos entregan su vida, dedican sus
    esfuerzos y acompañan haciendo suyo su sufrimiento, su dolor o su angustia;
    por tanto, nadie se duele más de la situación actual en la sanidad madrileña
    que los propios médicos de Madrid. Sin embargo, la gran mayoría de los
    médicos que trabajan en el sistema público de salud en nuestra región tienen la
    grave preocupación de que algunas de las medidas que pretende implantar el
    Gobierno de nuestra Comunidad pueden deteriorar gravemente la asistencia
    sanitaria que se presta a los madrileños, y por ello, el motivo y el motor del
    rechazo a estas medidas no es otro que los propios pacientes. El Ilustre
    Colegio de Médicos de Madrid, como ya ha explicado en numerosas
    ocasiones, incluso a la Consejería de Sanidad, comparte esta preocupación,
    comprende y apoya a los colegiados que ejercen su derecho a la huelga y pide
    comprensión a los pacientes que sufren las consecuencias de un conflicto que
    ningún médico ha buscado y cuya responsabilidad no es sólo patrimonio de los
    facultativos que ejercen un derecho constitucional, sino también del Gobierno
    de nuestra región, que toma decisiones de enorme importancia sobre la salud
    de los madrileños sin contar con los profesionales y que adopta posturas que
    no facilitan, como debería ser la labor de la administración, un clima de
    colaboración y diálogo capaz de construir con los médicos un sistema de salud
    mejor y sostenible para los madrileños.
    El Colegio de Médicos de Madrid exige por tanto responsabilidad a los
    miembros del Gobierno de nuestra Comunidad, y pide que sus acciones y sus
    declaraciones vayan más allá de la mera escena política y no tengan más
    objetivo que la resolución de un conflicto cuyas consecuencias afectan de
    forma grave tanto a pacientes como a profesionales. Esta institución sigue
    confiando en el diálogo y el trabajo conjunto como única herramienta útil para
    solucionar esta difícil situación, pero es necesario que el Gobierno de nuestra
    Comunidad también esté en esta línea y lo exprese de forma clara, lo cual no
    se compadece con determinadas declaraciones a las que asistimos con
    indudable sorpresa e indignación. El intento de crear una corriente de opinión
    en contra de los médicos no sólo no es útil para nadie, es además injusto,
    demagógico y antidemocrático; Por otro lado, el ciudadano sabe muy bien que
    no habrá ningún político al lado de su cama cuando sufra enfermedad, dolor,
    hemorragia o cáncer… y que son muchos a los que la vida les ha enseñado a
    confiar en sus médicos, pero muy pocos los que han aprendido a creer en los
    políticos. A pesar de todo, este Colegio de Médicos apuesta por una
    colaboración decidida, franca y leal de los profesionales con la Administración
    para conseguir el objetivo común de un sistema sanitario eficaz y eficiente.
    Por otro lado, existen algunas consideraciones que acerca de la profesión
    médica y sobre este conflicto de la sanidad madrileña se han venido repitiendo
    en los medios en las últimas semanas, y que este Colegio de Médicos
    considera necesario aclarar de cara a construir un clima que favorezca la
    colaboración y la confianza entre todas las partes.
    -No se trata de un conflicto político ni partidista. Se trata de un problema
    estrictamente profesional, por que afecta a la manera de ejercer la
    atención sanitaria por parte de los médicos y para con los pacientes, y
    se debe solucionar trabajando de forma conjunta con los profesionales
    pensando exclusivamente en los pacientes. Rechazamos por tanto el
    intento de politizar esta situación, ya sea en un sentido u otro. El único
    interés es profesional.

    -No se trata de un problema laboral. Los médicos han sufrido en los
    últimos años, incluso décadas, numerosas bajadas de sueldo, pérdida
    creciente del poder adquisitivo y continua desmotivación en el sistema
    público de salud. Tienen que soportar desde hace muchos años
    condiciones laborales precarias, inaceptables en algunos casos, además
    de unas condiciones retributivas muy alejadas del nivel de capacitación y
    de responsabilidad que desempeñan, muy alejadas de la media europea
    y de lo que ocurre en otros estamentos de la función pública. Todo esto
    ya ocurría en época de bonanza económica en nuestro país y se ha
    agudizado con la crisis que padecemos, pero nunca ha llevado a los
    médicos de nuestra región a la movilización, y mucho menos de forma
    tan mayoritaria como la que vivimos en este momento. Es por tanto
    injusto y falso afirmar que los médicos hacen huelga por defender “sus
    privilegios”, que el motivo de las protestas es que pretenden ser
    funcionarios públicos o que lo único que preocupa de la privatización de
    la gestión de los hospitales son las condiciones laborales… El único
    privilegio del que gozamos los médicos es la satisfacción de ayudar a un
    semejante en alguno de los trances más difíciles de su vida, y eso, en el
    sistema público de salud, muchas veces sólo se consigue gracias al
    sacrificio personal del facultativo y a pesar del sistema en el que
    desarrollamos nuestra labor.

    -Los médicos en situación eventual o interina suponen una enorme
    preocupación para el colectivo médico en general y para este Colegio en
    particular. Con mucha frecuencia se trata de los profesionales con mayor
    compromiso y empuje, que han recibido la formación más puntera y
    suponen el pilar básico de la asistencia, la excelencia y la investigación.
    La pérdida de este capital humano sería de incalculable valor para los
    madrileños.

    -Los médicos se han visto incomprensible y sistemáticamente alejados
    de la gestión de la sanidad, a pesar de que siempre se ha abogado
    desde este colectivo por lo que se ha dado en llamar la “gestión clínica”,
    ya que nadie como el profesional es capaz de identificar las causas de la
    ineficiencia, ni conoce el problema como para saber cuáles son las
    soluciones más útiles y más rentables. En este sentido, la propia
    Consejería encargó a grupos de expertos de cada especialidad un plan
    para ahorrar costes optimizando los recursos y ordenar la asistencia de
    forma médicamente razonable, atendiendo a los diferentes niveles de
    complejidad de los pacientes y los recursos de cada centro, lo que tras
    muchos meses de trabajo ha fructificado en lo que se ha denominado
    “Planes Estratégicos” de cada especialidad que se presentaron
    recientemente a la Consejería. Estos planes no se ven reflejados en el
    Plan de Medidas que plantea la Consejería.
    Finalmente y al cabo de un mes de huelga en la Sanidad, una situación tan
    grave como inaudita, cabe hacer recapitulación de la situación en la que nos
    encontramos en este momento:
    Muchos son los agentes sociales o grupos de profesionales que están teniendo
    una participación activa en expresar el rechazo a las medidas propuestas por la
    Consejería, lo que incluye no sólo a sindicatos de diferente índole o clase,
    también se ha dado la reciente creación de diferentes plataformas que agrupan
    distintos grupos de profesionales, todos ellos de gran relevancia y
    representatividad. Sin duda, la mayor importancia la tienen los miles de
    médicos de Madrid que, sin tener afiliación alguna, expresan de forma
    mayoritaria y masiva su rechazo a las medidas a través de las diferentes actos,
    huelgas o movilizaciones que se han venido convocando en las últimas
    semanas.
    Asumiendo su papel institucional, fiel al objetivo de impulsar la consecución del
    derecho a la protección de la salud de los habitantes de nuestra Comunidad de
    la manera más eficiente, justa y equitativa; cumpliendo con la obligación de
    ordenar y salvaguardar la profesión médica, su dignidad y prestigio, y leal con
    la inmensa mayoría de médicos colegiados que expresan su rechazo a las
    medidas, pero también con los pacientes que sufren las consecuencias de un
    conflicto social que se prolonga ya cerca de un mes, el Ilustre Colegio de
    Médicos de Madrid ha impulsado la unión las posturas de los diferentes
    colectivos profesionales médicos, finalmente concretados de forma
    fundamental en las plataformas de Jefes de Servicio, de Directores de Centros
    de Salud y de Coordinadores de los diferentes planes estratégicos para cada
    especialidad, a lo que finalmente se dio cabida a los sindicatos médicos de
    mayor representatividad en el momento actual y que han sido los principales
    convocantes de las huelgas y las movilizaciones, y todo ello ha dado lugar a lo
    que se ha denominado Comité de Coordinación Profesional, cuyo papel como
    interlocutor tiene un valor imponderable.
    Tras las diferentes reuniones mantenidas en los últimos días, este Colegio de
    Médicos cree que es posible dialogar de forma leal en la búsqueda de una
    colaboración fructífera que consiga salvar la situación económica sin perder
    calidad en la asistencia sanitaria de la que disfrutamos en nuestra Comunidad.
    Las premisas sobre las que se debe basar este diálogo son las siguientes:

     
    -Es necesario un ahorro de hasta 533 millones de euros en el
    presupuesto de Sanidad para el año 2013. Los médicos de Madrid
    comprenden la situación y están comprometidos tanto con el sistema
    como con el paciente, por lo que nadie duda de su compromiso también
    con este objetivo de ahorro.

    -En los últimos días, la Consejería está haciendo un esfuerzo por
    escuchar a los profesionales médicos, aunque lamentablemente no de
    manera general, y ya ha arbitrado vías por las que se tendrán en cuenta
    las propuestas que cada responsable de equipo, de servicio o de centro
    de salud puedan plantear para evitar que los recortes presupuestarios
    más inminentes impidan la renovación de los contratos de personal
    facultativo eventual, pilar básico de la asistencia sanitaria en muchos
    casos.
    -El Comité de Coordinación Profesional ha presentado un plan de
    medidas alternativo que, si bien no es óptimo ni puede ser completo, ha
    sido elaborado en pocos días y sin los datos precisos de los que dispone
    la Consejería. En cualquier caso, tanto el plan original de la Consejería
    como las alternativas propuestas por dicho Comité suponen buenos
    puntos de partida como documentos sobre los que trabajar.

    -Aunque algunas necesitan un debate más profundo, y podrían ser

    susceptibles de sufrir alguna modificación fruto de un consenso con los
    profesionales, lo cierto es que muchas de las medidas que plantea la
    Consejería podrían llegar a ser aceptables por los médicos de Madrid. El
    principal punto de desencuentro está en la privatización de la gestión de
    hasta 6 hospitales de nuestra Comunidad y 27 centros de salud, por lo
    que supone de cambio de modelo sanitario y la preocupación que tienen
    los profesionales de que este cambio traiga consigo un gran deterioro
    sobre la calidad asistencial y el propio desarrollo del ejercicio de la
    profesión médica.

    -Lo que ayer se aprobó en la Asamblea de Madrid tan sólo supone que
    se hace posible la “externalización” de la gestión, pero ésta no tiene por
    qué producirse si, trabajando conjuntamente con los profesionales
    médicos de nuestra Comunidad, es posible encontrar vías alternativas
    de ahorro equivalentes.

    -Sean cuales sean finalmente las medidas que se apliquen para
     
    conseguir el ahorro necesario, este Colegio de Médicos considera
    irrenunciables al menos 3 puntos:

    • Se arbitrarán las medidas necesarias para que, en ningún caso,
    ningún criterio económico o empresarial prime sobre algún criterio
    asistencial, lo que supondría un menoscabo para la salud de los
    ciudadanos.

    • En ningún caso el ahorro puede ser a costa de disminuir el
    número o las ya depauperadas condiciones laborales de los
    médicos de Madrid. Los profesionales entienden que no puede
    haber una dificultad mayor para poder procurar una asistencia
    sanitaria adecuada.
    • En cualquier caso, la adopción de cualquier tipo de medidas de
    ahorro pasa por un plan consensuado y global para la asistencia
    sanitaria en nuestra Comunidad, que tenga en cuenta los
    diferentes niveles de complejidad de los pacientes y los recursos
    de cada centro, tal y como se refleja en los planes estratégicos de
    cada especialidad que han sido elaborados a lo largo de los
    últimos años por expertos profesionales de cada área por encargo
    de la propia Consejería.
     
    -El Colegio de Médicos de Madrid considera que en el sistema
    democrático del que disfrutamos no tienen cabida las posibles
    represalias contra aquellos médicos que se hayan significado en las
    protestas o el rechazo a las medidas propuestas por la Consejería. A
    pesar de que existe miedo y preocupación en algunos colectivos más
    débiles, este Colegio confía en el talante democrático de la
    Administración. En cualquier caso, los médicos de Madrid deben de
    estar tranquilos en este sentido ya que siempre cuentan con el amparo y
    la protección de esta institución centenaria, personificada en el Defensor
    del Médico


    -El Colegio de Médicos anuncia la próxima creación de una Comisión de

    Calidad que desde un punto de vista estrictamente profesional velará
    por que la asistencia que se preste en cualquier servicio de nuestra
    región cumpla con unos estándares exigibles de calidad. Este Colegio
    considera que esta acción es de especial trascendencia y utilidad en un
    momento en que los recortes económicos pueden hacer peligrar la
    calidad asistencial, siendo éste un eufemismo que encierra conceptos
    menos amables como morbilidad o mortalidad.
    Teniendo en cuenta todo lo anterior, desde el Colegio de Médicos de Madrid se
    confía en que se abra en las próximas semanas un periodo de reflexión
    conjunta en el que grupos mixtos de trabajo se empleen en buscar alternativas
    que, bajo las premisas anteriores, puedan cumplir con las necesidades
    presupuestarias sin menoscabar la asistencia sanitaria ni el ejercicio de la
    profesión médica. El Ilustre Colegio de Médicos de Madrid cree que debe de
    llegar la hora del diálogo y la colaboración, y por su obligación institucional y su
    carácter estrictamente profesional, carente de color político, tiene la capacidad
    de plantear, coordinar y catalizar estos grupos de trabajo, y apela finalmente a
    la responsabilidad de todas las partes implicadas en el conflicto, convencido de
    que otras alternativas son posibles y de que ni los profesionales ni los
    pacientes pueden prolongar la ya dramática situación que supone un mes de
    huelga en la Sanidad pública de nuestra región.





    Fdo. Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid
    Madrid, 28 de diciembre de 2012