(EQUO) reclama la actuación del Fiscal Anticorrupción, en el proceso de privatización de la Sanidad madrileña

Inés Sabanés, portavoz de EQUO Madrid, asegura que en el proceso de privatización de la sanidad madrileña “hay claros conflictos de intereses, lo que ha generado una gran alarma social”.

nuevatribuna.es | 11 Enero 2013 - 15:37 h.

Para Sabanés “todo este proceso es un escándalo monumental, que requiere y exige que el Fiscal Anticorrupción abra de oficio una investigación urgente”

EQUO Madrid ha reclamado a la Fiscalía Anticorrupción que actúe de oficio, ante las graves informaciones que están apareciendo y que evidencian posibles intereses privados, en el proceso de privatización de la Sanidad madrileña que la Comunidad de Madrid comenzó hace años y en el que ahora pretende profundizar.
Desde EQUO Madrid, se advierte que ex-consejeros y altos cargos de la Sanidad madrileña forman parte, actualmente, de las principales empresas concesionarias de esta privatización. Así, el ex-Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y uno de los grandes artífices de este proceso, Juan José Güemes, forma parte ahora del Consejo de administración de ‘Unilabs’, que acaba de adquirir - según informaciones hechas públicas hoy - el 55% de la UTE, a la que en su momento (2009) se le concedió el servicio de análisis en 6 hospitales de Madrid. De esta forma, se va a beneficiar de una privatización que él mismo aprobó en 2009. Además, el también ex-Consejero de Sanidad, Manuel Lamela, forma parte de ‘Madrid Medical Center’ que, a su vez, está relacionada con empresas y clínicas privadas beneficiarias de las privatizaciones de la sanidad madrileña. Por su parte, el actual Director General de Hospitales de la Comunidad de Madrid, Antonio Burgueño, ha estado relacionado con empresas y procesos previos de privatización en otras Comunidades como Valencia, y que han sido posteriormente adjudicatarias en Madrid, como ‘Ribera Salud’, de cuya dirección, además, forman parte personas de su entorno familiar.
Inés Sabanés, portavoz de EQUO Madrid, denuncia que este proceso, que se presentó en 2008 al sector privado y que, “sin duda, llevaba tiempo preparándose, ha generado unas obligaciones con el sector privado y una deuda - incluyendo la construcción de hospitales - que se ha utilizado, precisamente, para justificar, posteriormente, el proceso de privatización de hospitales y Centros de Salud en 2013”. “La Comunidad de Madrid ya ha pagado el coste total de la construcción de los nuevos hospitales”, recuerda, “cerca de 700 millones de euros de dinero público, pero adeuda más de 4.000 millones”. Si a todo esto le unimos el hecho de que la Comunidad de Madrid no ha sido capaz de mostrar ni un solo documento que demuestre que esta privatización tiene ventajas asistenciales o económicas, para EQUO Madrid hay razones para que se lleve a acabo una investigación, urgentemente.
Para Sabanés “todo este proceso es un escándalo monumental, que requiere y exige que el Fiscal Anticorrupción abra de oficio una investigación urgente”. Además, subraya, “ha generado una gran alarma social entre la ciudadanía y los profesionales de la sanidad, que exigen la protección de un derecho fundamental como la salud y las garantías de una atención sanitaria universal”.
Obligación de investigar de la Fiscalía Anticorrupción
Esta organización política considera que la Fiscalía contra la Corrupción tiene la obligación de investigar y conocer, entre otros, los procesos de especial trascendencia relativos a los delitos económicos u otros cometidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus cargos relacionados con el fenómeno de la corrupción. Y los hechos que se exponen entran de lleno en sus competencias, como deriva de la enumeración que de las mismas realiza el art. 19 Cuatro de la Ley 50/1981.
Además, puede y debe actuar de oficio, y así lo reconoce el art. 124.1 de la Constitución, cuando dispone que "el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social". En este sentido, puede ordenar diligencias para esclarecer hechos, tanto que se pongan de manifiesto con ocasión de denuncias como que deriven de atestados propios (art. 5 de la Ley 50/1981).Por otra parte, y con independencia de las acciones que pueda llevar a cabo la Fiscalía, EQUO sigue reclamando una Auditoría Pública y Ciudadana del proceso, que permita conocer en profundidad la deuda, empresas beneficiadas, posibles incompatibilidades y conflictos de intereses de los cargos públicos que han intervenido en el proceso. Asimismo, EQUO no descarta, si la Fiscalía no actúa, emprender acciones legales contra el proceso.
EQUO Madrid exige que se investigue y se llegue al fondo de todas las actuaciones realizadas, "caiga quien caiga".