El País, actualidad
IU quiere llevar al Tribunal Constitucional la privatización de la Sanidad madrileña
Tomás Gómez aboga por limitar al 14% la participación privada en la Sanidad
AGENCIAS Madrid 3 OCT
2008 - 13:36 CET
Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una iniciativa para llevar al
Tribunal Constitucional un recurso contra lo que considera la "privatización
generalizada" de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. El coordinador
general de IU, Gaspar Llamazares, ha anunciado en la Cámara Baja la presentación
de esta proposición no de ley, cuyo éxito dependerá del grado de implicación del
Gobierno, que hasta ahora, a juicio de IU, no hace nada para impedirlo.
Llamazares ha acusado al ministro de Sanidad, Bernat Soria, de estar "de brazos
cruzados" pese a que la Comunidad de Madrid "hurta" competencias estatales.
"El Estado no se entera; la administración central no es capaz de reaccionar al mayor ataque al Estado social, ya que la concepción de la sanidad como un negocio por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid le sitúa al margen de la Constitución", ha destacado el diputado de la federación. Acto seguido, ha resumido la evolución de un proceso que IU quiere paralizar con un pronunciamiento del Tribunal Constitucional: "Asistimos, por activa de la Comunidad de Madrid y por pasiva del Estado, al desmantelamiento de los servicios públicos de salud, una labor de termita de la Comunidad que medida a medida convierte un derecho constitucional en un negocio de amigos".
La situación ha motivado que Llamazares presentara ayer una proposición no de ley que, tras el consiguiente debate en pleno -lo que el coordinador general de IU quiere que ocurra cuanto antes-, inste al Gobierno a estudiar "la posible incompatibilidad de la generalización" de la entrada de empresas privadas en los hospitales madrileños con el mantenimiento del servicio público. Igualmente, según recoge el texto de la iniciativa, pide al Ejecutivo que interponga un recurso de inconstitucionalidad y que de todo ello informe al Parlamento, para lo cual IU sugiere un plazo: 2009.
"La rebeldía de los ultraliberales"
La proposición no de ley está justificada con una pormenorizada exposición jurídica de lo que Izquierda Unida considera "una vulneración" de la Carta Magna. Llamazares, en conferencia de prensa, ha subrayado que IU, mediante esta iniciativa, acordada con la federación de Madrid y con diversas organizaciones sociales, pretende "defender las competencias estatales y la Constitución frente a la rebeldía de los ultraliberales, quienes pretenden desmantelar el Estado social y su joya de la corona: el sistema de servicios públicos sanitarios". Izquierda Unida, además, trasladará una extensa documentación sobre este asunto al Defensor del Pueblo para que la institución sopese la posibilidad de presentar otro recurso de inconstitucionaldad. IU, por sí misma, no puede interponer un recurso al TC al no contar con el número de diputados suficiente para ello (más de 50).
Por su parte, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha abogado por limitar al 14% la inversión privada en la sanidad, "si se quiere ser eficiente y dar un servicio de calidad a los ciudadanos, respetando la equidad" en el acceso. En rueda de prensa en la sede del PSM, Gómez ha criticado el "zoológico de modelos de gestión" que hay en la sanidad madrileña y ha apostado por crear una comisión de expertos que analice los diferentes modelos. A partir de ahí, se ha comprometido "a adoptar el más eficiente para los ciudadanos, el que dé mejor servicio y tenga menor coste en los presupuestos generales".
Gómez ha dicho que el problema de la sanidad de la región no es que la construcción de los nuevos hospitales recaiga en la inversión privada sino que no hay control y fiscalización de los centros sanitarios. El secretario general ha subrayado, ante las críticas de algunos miembros de su partido, su "apuesta clara e indudable por la sanidad pública", aunque ha reconocido que "en ocasiones la inversión privada puede ayudar a la prestación de los servicios públicos".
"El Estado no se entera; la administración central no es capaz de reaccionar al mayor ataque al Estado social, ya que la concepción de la sanidad como un negocio por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid le sitúa al margen de la Constitución", ha destacado el diputado de la federación. Acto seguido, ha resumido la evolución de un proceso que IU quiere paralizar con un pronunciamiento del Tribunal Constitucional: "Asistimos, por activa de la Comunidad de Madrid y por pasiva del Estado, al desmantelamiento de los servicios públicos de salud, una labor de termita de la Comunidad que medida a medida convierte un derecho constitucional en un negocio de amigos".
La situación ha motivado que Llamazares presentara ayer una proposición no de ley que, tras el consiguiente debate en pleno -lo que el coordinador general de IU quiere que ocurra cuanto antes-, inste al Gobierno a estudiar "la posible incompatibilidad de la generalización" de la entrada de empresas privadas en los hospitales madrileños con el mantenimiento del servicio público. Igualmente, según recoge el texto de la iniciativa, pide al Ejecutivo que interponga un recurso de inconstitucionalidad y que de todo ello informe al Parlamento, para lo cual IU sugiere un plazo: 2009.
"La rebeldía de los ultraliberales"
La proposición no de ley está justificada con una pormenorizada exposición jurídica de lo que Izquierda Unida considera "una vulneración" de la Carta Magna. Llamazares, en conferencia de prensa, ha subrayado que IU, mediante esta iniciativa, acordada con la federación de Madrid y con diversas organizaciones sociales, pretende "defender las competencias estatales y la Constitución frente a la rebeldía de los ultraliberales, quienes pretenden desmantelar el Estado social y su joya de la corona: el sistema de servicios públicos sanitarios". Izquierda Unida, además, trasladará una extensa documentación sobre este asunto al Defensor del Pueblo para que la institución sopese la posibilidad de presentar otro recurso de inconstitucionaldad. IU, por sí misma, no puede interponer un recurso al TC al no contar con el número de diputados suficiente para ello (más de 50).
Por su parte, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha abogado por limitar al 14% la inversión privada en la sanidad, "si se quiere ser eficiente y dar un servicio de calidad a los ciudadanos, respetando la equidad" en el acceso. En rueda de prensa en la sede del PSM, Gómez ha criticado el "zoológico de modelos de gestión" que hay en la sanidad madrileña y ha apostado por crear una comisión de expertos que analice los diferentes modelos. A partir de ahí, se ha comprometido "a adoptar el más eficiente para los ciudadanos, el que dé mejor servicio y tenga menor coste en los presupuestos generales".
Gómez ha dicho que el problema de la sanidad de la región no es que la construcción de los nuevos hospitales recaiga en la inversión privada sino que no hay control y fiscalización de los centros sanitarios. El secretario general ha subrayado, ante las críticas de algunos miembros de su partido, su "apuesta clara e indudable por la sanidad pública", aunque ha reconocido que "en ocasiones la inversión privada puede ayudar a la prestación de los servicios públicos".
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