Los hospitales valencianos de gestión privada exigen más dinero
Las empresas piden a la Generalitat que les suba la cuota por habitante
El Gobierno regional admite impagos que las firmas cifran en 150 millones
Estas empresas —participadas por aseguradoras sanitarias y Ribera Salud— también reclaman que la Generalitat les modifique al alza la fórmula de actualización anual de la póliza (639 euros en 2012) que la Generalitat paga por cada habitante adscrito a cada concesionaria (entre 150.000 y 250.000 ciudadanos en función del departamento de salud). Esta es una reclamación que viene de largo. En lugar de usar como referencia el incremento del presupuesto en asistencia sanitaria de la Consejería de Sanidad, las empresas quieren que el aumento de la cápita se vincule al crecimiento del gasto real, que es superior.
Además, también plantean otras cuestiones, como que sea la Generalitat la que asuma los gastos financieros del confirming, un sistema de pago por el que, para paliar los retrasos del Gobierno valenciano, las entidades bancarias adelantan los abonos a las operadoras sanitarias a cambio de cobrar por esta operación. Las concesionarias consideran que no son ellas, sino la Generalitat quien ha de correr con estos gastos, que rondan, en total, un millón de euros al año.
Todo ello sucede mientras Castilla-La Mancha pretende extender este modelo privatizador valenciano a cuatro hospitales y Madrid aprobó ayer la ley que permite ceder a empresas la gestión de centros sanitarios públicos, lo que ha desatado una movilización sin precedentes contra la privatización de la sanidad.
No es ningún secreto que las cuentas de la Administración valenciana están al límite. La situación es especialmente delicada en la Consejería de Sanidad, que recientemente hizo frente a un cierre indefinido de farmacéuticos que reclamaban deudas por 450 millones. Una portavoz de este departamento prefiere no entrar en el detalle de la suma de los impagos. Pero admite que la deuda con las empresas existe y “es fruto de la situación financiera actual”. En breve, añade, está previsto que se celebre un encuentro con las cinco operadoras sanitarias “para analizar la situación e intentar llegar a algún acuerdo”.
Al menos una de las concesionarias, la que gestiona el departamento de salud y el hospital de Manises, ha llevado sus quejas más lejos de la mera protesta. Ya lo hizo cuando en julio y agosto no abonó a sus trabajadores el salario íntegro con la excusa de que la Generalitat se había retrasado en el pago. Ahora, en un documento que ha remitido recientemente a la Consejería de Sanidad, ha plasmado al detalle lo que considera incumplimientos de los compromisos asumidos por la Generalitat en el contrato de concesión. En total, la deuda que imputa a la Administración valenciana es de 75,9 millones de euros de los ejercicios de 2009, 2010 y 2011.
Pero la operadora sanitaria —controlada por Sanitas—, va aún más lejos. En el mismo escrito plantea que o se solventan las deudas y se cumplen las condiciones del contrato, o se renegocien de nuevo. Y propone distintas alternativas como la prórroga del servicio, la ampliación de la población cubierta (y por ello los ingresos de la Administración) o la incorporación de prestaciones excluidas de la concesión como la oxigenoterapia o las prótesis.
Aunque estas condiciones se parecen mucho a un rescate, Sanitas niega que esté solicitando una solución de este tipo a la Generalitat. La aseguradora sanitaria explica que la Ley de Contratos del Sector Público garantiza el mantenimiento del equilibrio financiero en este tipo de concesiones administrativas que afectan a servicios públicos. Y entiende que la Generalitat ha alterado unilateralmente y “de manera reiterada” las condiciones del contrato, lo que “legitima a esta concesionaria a ejercitar el derecho al reequilibrio económico del contrato concesional”.
A ello se han referido también expertos en procesos de privatización sanitarios, como la británica Sally Ruane, quien en alguna ocasión ha planteado que dado el reducido número de empresas que pueden participar en estos costosos proyectos, existe el peligro de que haya una situación de falta de competencia y un exceso de poder de los pocos operadores existentes, lo que deriva en el peligro al que aludía la SESPAS.
Pero existen más puntos débiles. En estas fórmulas de privatización existe una dependencia absoluta de las empresas respecto a los ingresos de la Administración. Los sistemas de salud públicos son sus únicos clientes. Y si en las arcas públicas crecen las telarañas y se multiplican las deudas, las empresas concesionarias lo pagan en sus cuentas de resultados. Este es el escenario que ha llegado a la Comunidad Valenciana. Queda por saber si estas dificultades se trasladarán a los pacientes.
Además, también plantean otras cuestiones, como que sea la Generalitat la que asuma los gastos financieros del confirming, un sistema de pago por el que, para paliar los retrasos del Gobierno valenciano, las entidades bancarias adelantan los abonos a las operadoras sanitarias a cambio de cobrar por esta operación. Las concesionarias consideran que no son ellas, sino la Generalitat quien ha de correr con estos gastos, que rondan, en total, un millón de euros al año.
Todo ello sucede mientras Castilla-La Mancha pretende extender este modelo privatizador valenciano a cuatro hospitales y Madrid aprobó ayer la ley que permite ceder a empresas la gestión de centros sanitarios públicos, lo que ha desatado una movilización sin precedentes contra la privatización de la sanidad.
No es ningún secreto que las cuentas de la Administración valenciana están al límite. La situación es especialmente delicada en la Consejería de Sanidad, que recientemente hizo frente a un cierre indefinido de farmacéuticos que reclamaban deudas por 450 millones. Una portavoz de este departamento prefiere no entrar en el detalle de la suma de los impagos. Pero admite que la deuda con las empresas existe y “es fruto de la situación financiera actual”. En breve, añade, está previsto que se celebre un encuentro con las cinco operadoras sanitarias “para analizar la situación e intentar llegar a algún acuerdo”.
Al menos una de las concesionarias, la que gestiona el departamento de salud y el hospital de Manises, ha llevado sus quejas más lejos de la mera protesta. Ya lo hizo cuando en julio y agosto no abonó a sus trabajadores el salario íntegro con la excusa de que la Generalitat se había retrasado en el pago. Ahora, en un documento que ha remitido recientemente a la Consejería de Sanidad, ha plasmado al detalle lo que considera incumplimientos de los compromisos asumidos por la Generalitat en el contrato de concesión. En total, la deuda que imputa a la Administración valenciana es de 75,9 millones de euros de los ejercicios de 2009, 2010 y 2011.
Pero la operadora sanitaria —controlada por Sanitas—, va aún más lejos. En el mismo escrito plantea que o se solventan las deudas y se cumplen las condiciones del contrato, o se renegocien de nuevo. Y propone distintas alternativas como la prórroga del servicio, la ampliación de la población cubierta (y por ello los ingresos de la Administración) o la incorporación de prestaciones excluidas de la concesión como la oxigenoterapia o las prótesis.
Aunque estas condiciones se parecen mucho a un rescate, Sanitas niega que esté solicitando una solución de este tipo a la Generalitat. La aseguradora sanitaria explica que la Ley de Contratos del Sector Público garantiza el mantenimiento del equilibrio financiero en este tipo de concesiones administrativas que afectan a servicios públicos. Y entiende que la Generalitat ha alterado unilateralmente y “de manera reiterada” las condiciones del contrato, lo que “legitima a esta concesionaria a ejercitar el derecho al reequilibrio económico del contrato concesional”.
Riesgos de un modelo
La gestión privada de los servicios públicos sanitarios presenta distintas debilidades. Una de ellas la puso de manifiesto recientamente la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). Consiste en el riesgo de captura del regulador, un fenómeno que describe la excesiva influencia que pueden llegar a alcanzar las empresas adjudicatarias de los servicios sobre la Administración encargada de supervisar su funcionamiento.A ello se han referido también expertos en procesos de privatización sanitarios, como la británica Sally Ruane, quien en alguna ocasión ha planteado que dado el reducido número de empresas que pueden participar en estos costosos proyectos, existe el peligro de que haya una situación de falta de competencia y un exceso de poder de los pocos operadores existentes, lo que deriva en el peligro al que aludía la SESPAS.
Pero existen más puntos débiles. En estas fórmulas de privatización existe una dependencia absoluta de las empresas respecto a los ingresos de la Administración. Los sistemas de salud públicos son sus únicos clientes. Y si en las arcas públicas crecen las telarañas y se multiplican las deudas, las empresas concesionarias lo pagan en sus cuentas de resultados. Este es el escenario que ha llegado a la Comunidad Valenciana. Queda por saber si estas dificultades se trasladarán a los pacientes.
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