CÁNCER DE MAMA | Madrid
Capio recibirá casi siete millones de euros por alquilar los mamógrafos a la AECC
- El grupo hospitalario alquilará a la asociación la tecnología durante cuatro años
- La ejecución dependerá de la ONG, que tiene un contrato firmado con la CAM
- El acuerdo con Capio ha provocado la dimisión de la junta madrileña
El
contrato que la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha firmado con el
grupo privado Capio para que éste le alquile siete mamógrafos de última
generación asciende a casi siete millones de euros durante los próximos cuatro
años; una cifra que le reportará un amplio margen de beneficio al grupo
hospitalario y que ha provocado la dimisión en bloque de la junta provincial de
Madrid por discrepancias con la presidenta nacional de la ONG, Isabel Oriol.
Según
ha podido saber EL MUNDO, la AECC pagará al grupo privado de
hospitales 6.860.714 millones de euros para que le alquile
siete equipos de mamografía digital hasta mediados de 2016 con los que se
realiza el programa de detección precoz del cáncer de mama en la Comunidad de
Madrid. Según un estudio de mercado encargado por la Junta provincial con tres
grandes compañías del sector (Siemens, General Electric y Lorad, a quien Capio
se los comprará finalmente), el arrendamiento de equipos digitales para ese
periodo apenas alcanza los dos millones de euros.
De
esta manera, aunque Capio se hará cargo también en estos cuatro años (ejercicios
2013-2016) de las nóminas de los ocho administrativos que realizan la citación
de las pacientes (y cuyos contratos serán subrogados a Capio en las mismas
condiciones que tenían), además de seis personas más que contratará por su
cuenta, el margen de beneficio podría acercarse a los tres millones de euros. Un
portavoz de Capio ha confirmado a ELMUNDO.es que la ONG entregará a la
compañía 140.000 euros al mes (sin IVA) durante los dos primeros
años, 128.334 euros mensuales durante todo 2015 e idéntica cantidad
durante la primera mitad de 2016. En total, 6.860.714 (IVA incluido) por "el
servicio de arrendamiento de los mamógrafos de altas prestaciones" así como por
hacerse cargo del servicio de citas ("es una especie de call center").
La
prestación de las mamografías en la Comunidad seguirá corriendo a cargo de la
sede madrileña de la AECC, que podría tener que poner de su bolsillo 2,6
millones de euros para la ejecución del programa en estos cuatro años, según
fuentes de la ONG en la capital que el director general, Ricardo Carramiñana, ha
preferido no valorar. Carramiñana sí ha insistido en que el contrato se limita
al "arrendamiento de las prestaciones accesorias" y que la AECC mantiene su
compromiso para respetar la "legalidad y legitimidad" con la Comunidad.
Dimisión en bloque
La
firma de este acuerdo ha provocado en el último mes fuertes tensiones entre la
Junta central de la AECC, encabezada por su presidenta, Isabel
Oriol, y la Junta madrileña; cuyos 11 miembros del Consejo dimitieron
en bloque el pasado 5 de diciembre en apoyo de su presidenta, Silvia
Meléndez Camacho, cesada por su oposición al acuerdo con Capio. En su
carta de dimisión a Isabel Oriol le critican "su absoluta falta de transparencia
con motivo de la firma del contrato con la entidad privada Capio del que
pudieran derivarse perjuicios para la imagen de la AECC, así como para la
supervivencia financiera de la Junta de Madrid".
Uno
de los miembros del consejo que ha dimitido es el doctor Miguel
Martín, jefe del servicio de Oncología del Hospital Gregorio Marañón de
Madrid. "He percibido comportamientos por parte de ciertos miembros de la Junta
Nacional hacia la ex-presidenta de la Junta de Madrid, Silvia Meléndez,
ciertamente incomprensibles. Puedo dar fe de que ella ha hecho una
extraordinaria labor en Madrid, desinteresada [el suyo, como el de Oriol, son
cargos no retribuidos], sin atribuirse méritos ni medallas (...). Me temo que
algunos responsables de la Junta nacional no se ajustan precisamente al perfil
de comportamiento de Silvia y han decidido prescindir de ella porque les
resultaba molesta", asegura con dureza preguntado por este periódico. "Pienso
que la Asociación tiene un grave problema actual, que me temo no se resolverá
mientras no se produzcan cambios relevantes en el seno de la Junta Nacional",
concluye.
Contrato con la Comunidad de Madrid
A
pesar de que al iniciar su mandato en 2008 la presidenta de la AECC, Isabel
Oriol, manifestó su intención de ir cediendo progresivamente este servicio a las
comunidades autónomas a medida que fuesen concluyendo los convenios, la
Consejería de Sanidad de Madrid le solicitó en marzo de 2012 que mantuviese este
servicio unos años más, aunque, eso sí, con mamógrafos digitales más modernos y
precisos. En julio, la asociación oncológica firmó un acuerdo con la Comunidad
por el que percibirá 11,3 millones de euros hasta 2016 por
hacerse cargo del servicio de detección precoz del cáncer de mama en la región
(que cubre a más de 100.000 mujeres), aunque en ese mismo momento se iniciaron
las conversaciones para buscar un socio que asumiese el coste de modernizar los
equipos.
La
opción de ceder el contrato a un socio mercantil generó malestar en la
Consejería (además de un informe jurídico contrario por parte de un bufete de
abogados), y tras meses de tira y afloja, la ONG se ha decantado finalmente por
un contrato de "prestación de servicios" con Capio, que le alquilará los
mamógrafos por un precio que fuentes de la dimitida Junta directiva madrileña
consideran "abusivos e inflados". "Le vamos a pagar siete millones a
Capio cuando podíamos haberle pagado sólo dos a Lorad por la
digitalización", señalan fuentes de la AECC en Madrid. Hasta ahora, los
beneficios que obtenía la ONG del convenio con la Comunidad repercutían
directamente en el resto de programas de la asociación con pacientes con cáncer,
un dinero con el que no contarán a partir de ahora. "La entrada de Capio no
estaba justificada, la operación va a enriquecer a la empresa a cambio de
empobrecer a la Junta provincial de la AECC en Madrid", critican estas mismas
fuentes.
El
contrato con Capio incluye una cláusula por la que se penalizará con dos
millones de euros la suspensión unilateral del acuerdo por parte de cualquiera
de las partes. Consultada por este periódico, la Consejería que dirige Javier
Fernández-Lasquetty se ha limitado a señalar: "Nosotros con quien hemos firmado
el programa es con la AECC, lo que hagan ellos es su problema. Que hagan lo que
quieran, pero quien debe hacer el programa de detección precoz del cáncer es la
asociación
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