Sanidad, regreso al pasado
Escribo cargado de nostalgia,
pero, sobre todo, de desesperación. Desde antes incluso de la Ley General de
Sanidad del 1986, presumimos de tener uno de los sistemas sanitarios más
envidiados y más equitativos del mundo. A que fuera así contribuyeron muchos
factores. Entre otros la confluencia en la España de los 70 de dos
circunstancias muy positivas: la creación de una red amplia y dotada de nuevos
hospitales públicos y la implantación del sistema MIR. Sobre todo, creo que fue
decisiva la voluntad colectiva de personas y partidos políticos para dotarnos de
un sistema de salud de cobertura total y alcance universal. La Ley General de
Sanidad no hizo sino oficializar el sistema.
Hoy todo ello se desmorona. Con
el pretexto de los recortes se apuntan argumentos que juegan al equívoco por no
calificarlos de falaces. Lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid
resulta demostrativo y merece unos comentarios. No me referiré a las formas,
carentes del más mínimo respeto al ciudadano, donde el lógico diálogo con las
partes interesadas previo a cualquier decisión de un calado como las que se
están tomando, se ha sustituido por el ordeno y mando de épocas pretéritas.
Tampoco a la inequidad y desprecio al colectivo de más edad que representan
medidas como las del euro por receta. Ni siquiera comentaré la aberración de
querer cerrar el hospital de La Princesa.
Me centraré en el tema de la
privatización, una palabra que parece quemar a nuestra administración. La
primera reacción es negar la mayor: no se privatiza, se externaliza. Curioso
que todo el mundo lo entienda de otro modo. Lo confirman los profesionales que
salen masivamente a la calle o se declaran en huelga, las asociaciones, todos
los sindicatos del sector, las sociedades científicas, las firmas de más de 600
jefes de servicio y de cerca de un millón de ciudadanos madrileños, y hasta el
propio Colegio de Médicos en una de las más duras declaraciones que se
recuerdan. ¿Estaremos todos confundidos? Así lo afirman por activa y por pasiva
el presidente de la Comunidad y su equipo de gobierno. Negar la evidencia resulta
muy difícil. No hace mucho tiempo el anterior Consejero de Sanidad requería
públicamente a las entidades privadas del sector para comentar lo que según la
propia convocatoria denominaba “oportunidades de negocio” en el campo de la
sanidad madrileña.
Si hay
negocio —y lo de “externalizar” la gestión debe serlo, porque en caso contrarío
no interesaría a ninguna entidad privada—, ¿por qué renunciar a él?. Aplíquense
los beneficios a mejorar el sistema y no al lucro ajeno. Descartada por inmoral
—y por delictiva— la hipótesis de querer favorecer a amigos o a determinados
grupos empresariales, apenas quedan dos interpretaciones posibles. Confesión
palpable de incompetencia manifiesta, o asunción consentida de una peor
calidad, bien por reducirse las prestaciones ofrecidas, bien por hacerlo el
alcance de las mismas.
Lo de la incompetencia parece
que se asume sin ningún rubor. Sólo así se entiende que el Consejero de Sanidad
critique las nóminas de los empleados públicos y hable de rigidez en la
gestión. A partir de ahí no debería llamarle la atención que estos mismos
empleados se rebelen contra sus propuestas. Sus afirmaciones sugieren el deseo
de quitarse de encima personas y sueldos y dejar que sean las nuevas empresas
gestoras quienes lleven la voz cantante en este terreno. En todo caso los datos
nos indican que tanto a nivel hospitalario como en atención primaria el número
de profesionales por habitante está bastante por debajo de la media europea.
Además, la administración tiene recursos funcionales suficientes para exprimir
el rendimiento de sus empleados y modificar en sentido positivo horarios,
prestaciones, etc. en la medida en la que lo considere más adecuado para lograr
esa mágica eficiencia a la que tanto se invoca. Las grandes diferencias
existentes en el propio sistema en cuanto a rendimientos comparados de unos y
otros centros pueden ser utilizadas como instrumento.
Renunciar a actuar representa
una dejación de funciones, se mire como se mire. Ya es curiosa la referencia a
Zapatero de Fernández-Lasqquety. Zapatero nunca ha tenido competencias sobre la
sanidad de Madrid, ni fue a él a quien se le ocurrió la peregrina idea de sacar
votos llenando la periferia de Madrid de unos hospitales que ahora parecen no
hacer falta. Y si la alusión es para decir que “no hizo nada”, esa es la vía
escogida por el gobierno regional. Los políticos están para resolver los
problemas no para quitárselos de encima.
Si con la “externalización” se
pretende resolver un problema de costes y ello va a generar beneficios económicos
a terceros, caben muy pocas interpretaciones. Todas malas para el devenir del
sistema: reducir personal y sueldos, limitar prestaciones, y/o establecer
criterios de exclusión total o parcial en el acceso a la salud para
determinados colectivos que, por cierto, siempre suelen ser los más
desfavorecidos: pobres, emigrantes o pensionistas.
Un par de comentarios finales.
Argumentar con el peso de los votos no es de recibo. No lo es tanto por el
hecho de que las decisiones propuestas se oponen a las que aparecían en el
programa del partido gobernante, cuanto por el desprecio hacia esos votantes
cuando se hace oídos sordos a una protesta que alcanza niveles de clamor. Por
último llama la atención el silencio de la Administración central. Un silencio
que sólo cabe interpretar como cómplice de quien observa los resultados de un
experimento que, previsiblemente, pretende generalizar en todo el estado.
José
Manuel Ribera Casado, catedrático emérito de la Universidad
Complutense.
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